En el marco de la ambiciosa y al mismo tiempo criticada propuesta de Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro inició el pasado 24 de junio una mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc fundada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador de la extinta guerrilla en las negociaciones en La Habana, Cuba, en 2016.
La organización, a diferencia del Estado Mayor Central, sí fue firmante del Acuerdo de Paz, por lo que en la actualidad enfrenta serios conflictos jurídicos y legales para obtener beneficios que, según las leyes colombianas, no merecen por ser traidores de los principios estampados en el pacto del Teatro Colón.
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A pesar de ser unos diálogos crudos sobre el papel, el Gobierno y la Segunda Marquetalia ya han comunicado avances tras una semana de acercamientos en Caracas: el ‘Acuerdo de medidas tempranas para el desescalamiento integral y gradual del conflicto en los territorios’ donde la organización tiene presencia.
Para ello, establecieron la conformación de “una subcomisión técnica” que se encargará de establecer “la georreferenciación en los municipios, corregimientos y veredas” donde la organización “tenga presencia”, según se lee en el comunicado conjunto.
Por su parte, la Segunda Marquetalia se comprometió a no mantenerse uniformada, ni armada en “cabeceras municipales y cascos urbanos ni en vías terrestres y fluviales primarias y secundarias”, así como a entregar a las personas que tiene “retenidas” y a mantener “el respeto y garantías de la población civil”.
El cese unilateral de fuego de la Segunda Marquetalia “no implica limitar las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública”, reseña el acuerdo suscrito en Caracas.
Además, la implementación del desescalamiento se iniciará cuando entre en vigencia un decreto presidencial que suspenderá las operaciones militares ofensivas, y la fuerza pública “proveerá las condiciones de seguridad”.
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El diálogo cuenta con Venezuela, Cuba y Noruega como países garantes, y con el acompañamiento de la ONU y de la Conferencia Episcopal de Colombia.
En medio de los cuestionados avances, diferentes expertos en temas relacionados con negociaciones de paz, como el senador Humberto De la Calle, consideran que el proceso goza de serios líos jurídicos. Cabe recordar que, de acuerdo con lo estipulado en la ley, los desertores del acuerdo de 2016 tienen prohibido negociar un nuevo acuerdo, en cambio deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.
“En aras de la paz, uno quisiera desearle suerte a la mesa de conversaciones con Segunda Marquetalia. Pero hay obstáculos serios y reparos importantes. Legalmente, normas sobre no repetición impiden acuerdos. Se dice que el gobierno buscará caminos. Es la tesis del ‘ahí vamos viendo’, nada aconsejable. El supuesto entrampamiento es una base deleznable. Aun si fuese jurídicamente discutible, moralmente es inaceptable: el entrampado de todos modos ingresó al delito. El mensaje a la sociedad es fatal: el incumplido y mañoso sale adelante. Y no es claro qué pueden negociar más allá de lo acordado”, reprochó el legislador.
De la Calle, en 2021, ya se había opuesto a que el Estado colombiano se sentara a hablar con el grupo disidente porque según él no hay garantías de que los integrantes de la organización dejen las armas tras un hipotético acuerdo.
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“Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez. Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. ¿Qué es lo que se puede negociar con la Segunda Marquetalia que no se haya negociado en La Habana”, cuestionó en ese momento.
Sobre este tema, Camilo González Posso, presidente de Indepaz y jefe negociador en los diálogos con el EMC, consideró que “en el camino y simultáneamente se deberán tramitar las leyes de sujeción o sometimiento y los actos legislativos que hagan los cambios necesarios en la Jurisdicción Especial para la Paz, de modo que sea una opción en la parte judicial y penal de un posible acuerdo final con grupos armados rebeldes que nunca han llegado a un pacto de paz y con los que son reincidentes”.
En medio de esas sombras, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda que la Fundación para el Estado de Derecho presentó para tumbar la Resolución 064 del 28 de febrero de 2024, con la que el presidente Gustavo Petro autorizó instalar una mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia.
De acuerdo con el demandante, Fundación para el Estado del Derecho, los integrantes del grupo dirigido por alias Iván Márquez “incumplieron con lo pactado, incurriendo en una violación sistemática de los derechos humanos”.
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Por su parte, Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, catalogó como un “error’ el haber iniciado conversaciones sin antes “haber aclarado el contexto jurídico de los integrantes” de la organización.
“En la medida en que eso se aclarara se abría el escenario ideal para una negociación política o el eventual sometimiento a la justicia de estos reincidentes. Hay que inscribir esta situación dentro de un contexto de improvisación permanente por parte del Gobierno en torno a la paz total. Por otro lado, tampoco es claro cuál va a ser la agenda de negociación que se va a abrir, teniendo en cuenta que el Gobierno tiene dificultades para implementar el acuerdo del Teatro Colón y no se sabe qué es lo que pretende la Segunda Marquetalia”, explicó el acádemico.
