En suspenso está la aprobación de la polémica reforma pensional del presidente Gustavo Petro en la plenaria de la Cámara debido a que a la iniciativa le restan solo dos semanas para ser aprobada, hasta el próximo 20 de junio, cuando termina la legislatura, o se hundirá.
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Es decir, el pleno de la cámara baja debe empezar a aprobar este martes en la mañana los impedimentos, las dos ponencias (una positiva y otra de archivo), el articulado y la conciliación.
Pero antes de esto la Comisión Séptima de la Cámara estará debatiendo este mismo martes la reforma laboral y antes de que se inicie la discusión de impedimentos en el propio Salón Elíptico se escuchará a los 10 candidatos a contralor.
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Así mismo, este miércoles el Congreso en pleno deberá elegir al nuevo jefe del ente de control fiscal, lo que también le quita tiempo a la pensional.
Pero, como si fuera poco, la oposición ha pedido que se vuelva a agendar está semana la audiencia pública de la misma pensional, pues la semana pasada no se pudo realizar.
Además, el pleno deberá disponer en su agenda las seis mociones de censura que han citado independientes y opositores para tratar de frenar la controvertida reforma.
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También, en virtud del Estatuto de Oposición, los opositores han pedido que se agenden dos plenarias bajo su dirección, lo que les corresponde por derecho.
Y finalmente el Centro Democrático elevó una acción popular ante el Consejo de Estado para que se suspenda el trámite de las polémicas reformas debido a que consideran que la corruptela en la Ungrd, que unta a congresistas, ministros y funcionarios, da cuenta de que estos proyectos del Gobierno avanzaron gracias a repartija de contratos y dineros.
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Como colofón el Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada el aval fiscal a la controvertida reforma pensional, en el que se indica que el costo total de este proyecto sería de 121,13% del PIB a 2100. Y sin la reforma el costo sería del 87,67 % del PIB. Es decir, con la reforma habría un gasto de $1.816 billones y sin reforma uno de $1.315 billones. Es decir, un diferencial de $500 billones, ya que la reforma pensional tendría un impacto fiscal de 33,46% del PIB.
De otro lado, las proyecciones señalan que a partir de 2070 se agotará el fondo de ahorro público creado por esta reforma, lo que obligará al Estado a financiar el 100% del valor de las mesadas pensionales: “Hasta 2067 el único impacto fiscal de la reforma provendría del esfuerzo adicional asociado al pilar solidario. A partir de allí, con el agotamiento del fondo de ahorro del pilar contributivo bajo el supuesto extremo de que no se realiza en el futuro ninguna reforma paramétrica, el impacto fiscal se vuelve súbitamente mayor como resultado de la necesidad de cumplir con las obligaciones pensionales a partir de aquel año”.
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