Aunque el fallo del pasado lunes de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida ordenó que la multinacional del banano, Chiquita Brands, debe reparar a ocho víctimas con un total de 38,5 millones de dólares por el financiamiento de grupos paramilitares que asesinaron a decenas de sus familiares, el universo de víctimas de las AUC y de esta empresa ascendería a 3 mil en el Magdalena y el Urabá.
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Al respecto, Marco Simons, director jurídico de la ONG EarthRights International, que representó a parte de los demandantes, dijo que “es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros. (...) También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”.
De hecho, el próximo juicio representativo contra la bananera sucesora de la United Fruit Company, comenzaría el 15 de julio con 10 demandantes.
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Durante el proceso fallado a favor de los familiares de las víctimas, testificaron exparamilitares como Salvatore Mancuso, alias HH y Raún Hasbún, alias Pedro Bonito. Se remonta el caso a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses pero Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia. Y en 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito avaló incluir la documentación de Justicia y Paz, y se dio apertura formal al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos.
Ya desde marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la bananera llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a grupos paramilitares por un total de 1,7 millones de dólares. Pero esa multa no se dispuso para reparar a las víctimas.
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El portal Verdad Abierta recoge al respecto de esta lamentable historia en el conflicto colombiano que 'antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las AUC. Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas'.
Agrega el reporte que la Convivir Papagayo siguió operando como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas: 'La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA (Agencia de Seguridad Nacional de los EE. UU., no gubernamental) y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos. La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las AUC como jefe del Frente 'Arlex Hurtado', unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano. De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares'.
