El presidente Gustavo Petro cuestionó el pasado martes los cierres con alambres de púas que ha instalado el gobierno de Panamá en los pasos de migrantes en la frontera con Colombia.
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'Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur', escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
Esto en respuesta a otro 'trino' del expresidente Ernesto Samper, que advirtió: 'El nuevo gobierno de Panamá, lamentablemente, aceptó la política de los Estados Unidos de trancar a los migrantes en las fronteras del sur, al precio que sea, para que no lleguen a la frontera norte de México y EE. UU. El cierre del Darién equivale a construir un muro inhumano que obligará a los migrantes, con alto riesgo para sus vidas, a buscar otras rutas más peligrosas para seguir en su éxodo inevitable. ¿Qué hará la @CancilleriaCol?'.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo había exhortado al Gobierno Nacional a solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional.
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'Cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe', advirtió el organismo del Ministerio Público en un comunicado.
Por ello recomendó a las autoridades del orden nacional y territorial impulsar medidas efectivas de respuesta, en el corto plazo, para hacerle frente a un escenario de tal naturaleza. A las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, en el mismo sentido, las conminó a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición.
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'Servidores públicos de la Defensoría, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano. La cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar, pues en una de sus partes, donde arrojaron trozos de madera para que el alambre baje, con la finalidad de seguir su camino, sus cuerpos están expuestos a sufrir laceraciones con las púas. El cerco de alambres también ha generado afectaciones a las comunidades colombianas de Asti y Capurganá y a las de Puerto Obaldía (Panamá), pues desde hace décadas utilizan ese paso para el intercambio comercial y cultural', indicó.
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Reporta la información que entre enero y junio de este año habrían atravesado la selva del Darién poco más de 197.000 personas. Y tan solo en el sexto mes del año, cerca de 27.500 migrantes cruzaron la peligrosa frontera selvática, más de 5.600 de ellos resultaron ser menores de edad, según datos oficiales del país vecino. Venezolanos, colombianos, ecuatorianos y chinos fueron quienes más se arriesgaron a cruzar el Tapón en el periodo señalado líneas arriba.
En junio pasado, el exdefensor Carlos Camargo Assis expresó su preocupación por la orden del gobierno de Estados Unidos de restringir la entrada y el asilo de migrantes indocumentados a ese país norteamericano. Dijo en ese momento que lo anunciado afectaría el derecho a la libre locomoción de un número considerable de personas en condición de movilidad humana, cuyo propósito no es otro que salvaguardar su vida e integridad y apelar a la oportunidad de tener un mejor futuro para ellas y sus núcleos familiares.
