El presidente Gustavo Petro denunció este miércoles en una alocución pública la supuesta compra por 11 millones de dólares, no reportados en el Presupuesto, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, a una empresa israelí de un software para perpetrar interceptaciones ilegales a números de celular.
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'Pedí una información importante cuando los magistrados hablaron de interferencias en sus comunicaciones y cuando siendo candidato presidencial hubo una andanada en dos medios intentando transformar los resultados de las encuestas en contra mía', dijo el jefe de Estado.
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Acto seguido, advirtiendo que aunque es una información confidencial, al no haber relaciones con Israel, leyó un documento fechado el martes 27 de agosto de 2024 dirigido a la UIAF en que se le reporta el movimiento de compra a NSO Group Technologies, empresa israelí de inteligencia cibernética y de espionaje, del 'software' Pegasus.
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La transacción, agregó, se dio en julio y agosto de 2021, en medio del estallido social en Colombia, cuando un banco israelí presentó un depósito de USD de 5,5 millones en efectivo, relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol, para la compra de Pegasus.
El efectivo, aseguró el mandatario, fue transportado por vía aérea de Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2022, y el resto debía llegar en septiembre u octubre de 2021.
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'¿Cómo salen del país 12 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales para comprar un 'software' que espía conversaciones privadas, los de la oposición entonces, transmitida esa información en una revista y un canal de televisión?, ¿a quiénes más interceptaron, con qué orden judicial como ordena la Constitución para que esas interceptaciones no sean delito, de dónde salió el dinero, por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional?, ¿es un lavado de activos desde el Estado?', cuestionó Petro.
Por lo que, añadió, 'he pedido a la UIAF que entregue la información a la fiscal general y al general Salamanca que encuentre el 'software' y se le entregue a la Fiscalía para que la ciudadanía tenga tranquilidad de que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado'.
