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Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, anunció este viernes una investigación para determinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con las acusaciones del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, contra Iván Name, presidente del Congreso; Andrés Calle, presidente de la Cámara y Sandra Ortíz, consejera presidencial, en el marco del escándalo de corrupción en la entidad.

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'Ante la gravedad de los hechos denunciados, relacionados con presuntos actos delictivos que involucran a altas dignidades del orden legislativo y a otros funcionarios del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones discplinarias pertinentes y con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias', aseguró la funcionaria en un video.

La denuncia la hizo Sneyder Pinilla, quien hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, lo que ha causado revuelo en el país porque no solo involucra a los presidentes del Legislativo sino que salpica al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

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Pinilla reveló en una entrevista con la revista Semana que en septiembre y octubre del año pasado utilizó dinero de la UNGRD para pagarle en efectivo a Name 3.000 millones de pesos (unos 767.000 dólares de hoy) y 1.000 millones de pesos (unos 256.000 dólares) a Calle para que apoyaran las reformas de la salud, pensiones y laboral, que sin embargo siguen estancadas.

Ese dinero supuestamente lo dio un contratista al que el Gobierno le encargó la compra de decenas de camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto que acabó siendo un fiasco porque los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

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Del supuesto entramado de corrupción, según Pinilla, también participaron el ahora exdirector de la UNGRD Olmedo López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Sin mencionar el escándalo, la Presidencia de Colombia dijo este viernes en un comunicado que 'reitera cero tolerancia con hechos de corrupción' y ordenó la creación de una mesa técnica para investigar el uso indebido de recursos públicos, que contará con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.