En los cuatro o cinco años que dura ya la crisis económica, los europeos se han malacostumbrado a un cambio significativo en el orden político del Viejo Continente, en el que manda Alemania por encima incluso de la Comisión Europea.

Gracias a su boyante sector exportador, el país aporta la principal parte del dinero para los rescates multimillonarios de los estados en crisis. A cambio les exige reformas estructurales y recortes del gasto público, supuestamente para recuperar la competitividad perdida. El que paga manda.

Pero en los últimos días este nuevo paradigma ha experimentado una ligera alteración. España e Irlanda son los primeros de los países intervenidos –quedan Portugal, Grecia y Chipre– que han concluido sus programas de rescate. Siguen bajo vigilancia de Bruselas pero se libran de las impopulares visitas de inspección de la troika, compuesta por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo y el FMI. Al mismo tiempo, Alemania se ha colocado en el punto de mira por su responsabilidad en la crisis y en los desequilibrios en Europa.

Primero fue el gobierno de EEUU que advirtió de los efectos nocivos del abultado superávit comercial germano que supera el 6% de su PIB. Poco después, la CE abrió un expediente por el excesivo superávit exterior que, en teoría, podría desembocar en una multa para Berlín.

Bruselas exige a las autoridades alemanas que fomenten el consumo interno, tradicionalmente moderado, para que suban las importaciones de productos de otros países. Las críticas han irritado a los políticos y buena parte de los economistas y medios en Alemania. Creen que se quiere castigar al país por su alta competitividad, que es fruto de reformas y ajustes dolorosos del pasado. Lo que los indignados dirigentes, empezando por la canciller Ángela Merkel, no suelen contar a los ciudadanos es el hecho de que las empresas alemanas gozan de una importante ventaja competitiva al poder financiarse mucho más barato que sus competidores en otros países.

Con la crisis se ha disparado la diferencia entre los tipos de interés que tienen que pagar países como España para sus bonos, y que repercute en lo que pagan sus empresas para financiarse, frente a Alemania.

La solución podría salir de las actuales negociaciones entre los democristianos de Merkel y los socialdemócratas para formar un gobierno de gran coalición y que deben concluir antes de Navidad. Entre las propuestas y demandas de unos y de otros, sean un aumento de gasto social, inversiones o recortes tributarios, el impacto adicional para el Estado alcanzaría los 50.000 millones de euros.

Aunque es muy probable que se intentará rebajar esta cifra, está claro que el nuevo gobierno, si finalmente hay acuerdo, propiciará un impulso importante a la demanda doméstica que ayudaría a corregir en parte los desequilibrios que causa Alemania en Europa. Aunque esto no haya sido el objetivo primordial de los dos partidos, bienvenido sea.

@thiloschafer