El reciente fallo en contra de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, ha generado todo tipo de reacciones. Principalmente porque ante esta decisión no caben recursos jurídicos, lo que conduce a que desafortunadamente la misma población perciba con un cierto grado de decepción el proceso electoral pasado, debido al desperdicio de tiempo y recursos. En este caso específico el Consejo de Estado determinó que la dirigente se encontraba inhabilitada al momento de inscribir su candidatura, lo cual marca un cambio en la linea jurisprudencial del máximo tribunal de la jurisdicción de los contencioso administrativo.
¿Qué viene ahora? Pues bien, se nombrará un Gobernador interino, entre tanto el partido político el cual avaló la candidatura de Pinto el año pasado –Cambio Radical– envía una terna al Presidente de la República para que entre las alternativas, seleccione a quien deberá posesionarse provisionalmente en el cargo. Esto, dará una gabela de tiempo para que las autoridades electorales convoquen a unos nuevos comicios atípicos, dado que faltaban más de tres años para que culminara el periodo de la exgobernadora.
Tras todo este largo proceso se conocerá el nombre del nuevo mandatario de los guajiros. Es entonces apenas normal la incertidumbre que reina hoy en dicho territorio, la población se siente a todas luces atormentada.
Algunos porque desconocen el paso a paso de lo que se avecina y otros, que sí lo comprenden, porque consideran que viene una etapa de inestabilidad que terminará por afectar al Departamento y los genuinos intereses de sus habitantes; quienes autónomamente, en octubre pasado habían decidido en las urnas que fuese Oneida Pinto quien los gobernara los próximos cuatro años. Debido a esto, las consecuencias en materia de legitimidad pueden ser graves. Por eso insisto en que es tarea de todos ayudar a amortiguar los efectos negativos de esta situación. Las autoridades, los medios, y la sociedad civil, necesitamos aunar esfuerzos para que sea lo menos traumático dentro del margen de posibilidades.
Y por supuesto, es urgente que se abra el debate en torno a nuestra legislación electoral. Sin concentrarnos únicamente en el caso de Pinto, lo cierto es que es pertinente una revisión para prever estos escenarios complejos, pues las consecuencias repercuten drásticamente en la capacidad de desarrollarse o no de los territorios mismos. Ahora bien, ¿quién asume la responsabilidad política de esto?, algunos señalan que el partido Cambio Radical, otros que la exgobernadora. Esta y tantas otras dudas que genera este proceso, son solo una muestra más de las falencias y vacíos que tiene nuestro sistema electoral en esta área. @KDiarttpombo
