Hace 25 años Colombia dio a luz una nueva Constitución. En 1991 pasamos de regirnos por una carta magna elaborada en 1886, que con más de un siglo de existencia, no tenía vigencia alguna para un país que cambiaba de forma acelerada, a jugárnosla por un nuevo texto constitucional mucho más incluyente y moderno, que tenía como principal objetivo dejar atrás el pasado y llevar a nuestra nación hacia un futuro más equitativo y pluralista.

El tiempo ha corrido, algunas conquistas se mantienen y han conducido a transformaciones importantes, pero otras permanecen como deudas pendientes. La Autonomía Regional es un asunto aún por resolver. Y hoy, el escenario del postconflicto se presenta como el espacio ideal para que quede saldado.

Las primeras líneas de nuestra Constitución señalan que Colombia es un Estado organizado “en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”. Tristemente este ha sido un cometido que hemos alcanzado a medias como país y, por supuesto, eso no es suficiente. En el caso de las regiones sabemos que si se lograra avanzar en su creación de acuerdo con lo ya estipulado desde el 91, otra podría ser nuestra historia. Por esto, necesitamos descentralización no solo administrativa, sino también de índole fiscal; solo así la autonomía será una realidad, pues sin recursos esto continuará siendo una mera fantasía.

El Caribe lo sabe y es por eso que los gobernadores de la región vienen reuniéndose con frecuencia y adelantando una agenda común que tiene como objetivo la creación de la RAP Caribe. Pero ojo, esta estructura que nacería, imperativamente requeriría desde su origen venir dotada de competencias fiscales, es decir recursos, para que así cumpla con su verdadero fin. ¡No podemos perder esto de vista!

Nos encontramos definitivamente atravesando una coyuntura igual o más trascendental que la misma vivida hace 25 años, por lo tanto, es el momento de trabajar unidos para que las regiones como entidad territorial con autonomía política y presupuestal cobren vida, y así tengan los “dientes jurídicos” necesarios para que este no siga siendo un deseo aplazado como hasta ahora.

En conclusión, nuestros constituyentes lograron hace más de dos décadas llegar a acuerdos que permitieron la aprobación de los artículos 306 y 307 a los que hoy apelamos. Es deber ahora del Gobierno Nacional cumplir con dicho pacto constitucional y de la sociedad colombiana estar atenta a este proceso que nos concierne a todos. No siempre hay segundas oportunidades, con la paz, las regiones tienen la suya.

@KathyDiarttP