No existe un grupo indígena en Colombia que más atraiga a un funcionario del Estado que los arhuacos. Todos terminan seducidos con la impecable confección de sus mantas blancas adornadas con listas de colores, con la precisión de la faja o cujina con la que rodean su cintura, y con la simetría del gorro o tutusoma acicalado en sus cabezas.

Sin duda, combina bien para la foto la vestimenta arhuaca con el lino y la ropa ligera que suelen usar algunos funcionarios cuando vienen al Caribe colombiano, y muchas de estas imágenes adornan las oficinas de las entidades oficiales del Estado en la capital. Lo que si no parece encajar es ver a los portadores y portadoras de estas atractivas vestimentas tomándose las plazas y calles para exigir sus derechos y el cumplimiento de los compromisos pactados con la nación.

El pasado jueves, alrededor de 100 indígenas arhuacos se tomaron la Plazoleta de la Gobernación del Cesar en Valledupar exigiendo la presencia de las autoridades nacionales, como se había acordado, y la respuesta fue echarles encima al Esmad. El día anterior, una delegación del Ministerio del Interior con poder de decisión debía llegar a la sede de la Casa Indígena para discutir con los representantes de esta comunidad los graves problemas que afrontan los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los funcionarios con los que se debía instalar una mesa de negociación de alto nivel no llegaron, y los arhuacos consideraron el incumplimiento como una burla a la dignidad de su pueblo, de modo que decidieron tomarse las plazas y las calles.

Pero estas formas incomodan. Al gobierno parece convenirle la imagen del Mamu apacible que mambea hojas de coca y le pone manillas de protección a los visitantes a la Sierra, pero no el Mamu político que protesta y defiende los derechos de la comunidad a la que representa. A muchos de sus burócratas les llama la atención la diferencia solo como una curiosidad exótica, y suelen practicar un paternalismo que pone al otro en una condición de inferioridad, incapaz de ejercer su propia agencia política. Si algo hay que tener claro es que cuando un Estado decide meterse en la dinámica de reconocimiento de la diferencia cultural de un territorio, esa acción implica también el reconocimiento de la alteridad política, y el compromiso de poner las nuevas formas de participación al mismo nivel de las prácticas políticas convencionales. Lo contrario es convertir al otro en un simple suvenir que se compra en los almacenes de artesanías de Colombia.

Hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta se han otorgado 130 títulos mineros y alrededor de 300 están en solicitud, y la política minera, al igual que otros temas, necesitan, sin duda, ser discutidos con quienes habitan esos territorios. Pero eso no se logra ni enviándoles al Esmad, ni incumpliendo con lo programado, ni usándolos como simples modelos de la foto con la que se presume en las redes sociales, sino asumiéndolos como interlocutores políticos de alto nivel que saben más que nadie qué es lo que le conviene al espacio que siempre han habitado.

javierortizcass@yahoo.com