Aceptar y respetar las diferencias es propio de una sociedad democrática y culta, entendiendo por ello no solamente a un conglomerado educado y respetuoso de la ley, sino a quienes, basados en sus propios valores y costumbres, han entendido que la tolerancia es la clave para una óptima convivencia.
A pesar de las duras experiencias de guerras y conflictos vividos por nuestro país en sus dos siglos de vida republicana, siempre termina prevaleciendo la búsqueda y construcción de la paz. La última experiencia fue el acuerdo de paz del Gobierno nacional con la guerrilla de las Farc, después de 50 años de enfrentamientos.
A pesar de los deseos colectivos por la paz y la convivencia pacífica, grupos violentos al margen de la ley se empeñan en continuar imponiendo, con la amenaza y violencia, sus códigos de intolerancia y retaliación.
Los casos recientes más evidentes son los de los líderes sociales asesinados en diferentes puntos de la geografía colombiana, sin que hasta ahora haya una respuesta contundente de las autoridades para poner fin al accionar de los violentos.
Estadísticas de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 329 líderes y/o defensores de derechos humanos asesinados entre enero de 2016 y julio de 2018. Cuarenta de estos homicidios tuvieron lugar en la Región Caribe.
Muchos de los crímenes han sido relacionados con las labores que estas personas desarrollaban en favor de los DD.HH y del medioambiente, lo que deja un sabor amargo sobre las posibilidades que tienen las poblaciones de alzar su voz contra las situaciones que consideran injustas o que lesionan sus condiciones de vida.
La sociedad colombiana espera que cada uno de los casos sea investigado y sus autores juzgados al rigor de la ley y que, además, se determine la real dimensión y las causas de tan grave problemática.
Estos reiterativos actos de violencia ubican al país en las primeras posiciones en los listados deleznables de los países más inseguros. De acuerdo con la organización Global Witness, en 2017 fueron asesinados 207 defensores de la naturaleza en el mundo, 24 de ellos en Colombia, por lo que el país obtuvo el deshonroso tercer puesto después de Brasil (57) y Filipinas (48).
Las sociedades modernas están obligadas a buscar la convivencia y el bienestar a través de la concertación y el respeto a las diferencias; de ninguna manera es aceptable la violencia o el asesinato como forma de avasallar diferencias de pensar y actuar en la búsqueda de una vida colectiva amigable con el ambiente y respetuosa de los derechos humanos.
Estoy convencido de que las ideas no se matan, como dijo el Conde de Volney, escritor francés que proclamaba la libertad y la igualdad; es totalmente injusto seguir acabando con la vida de quienes las inspiran, las luchan y dan todo por sus derechos y el medioambiente. Nuestra sociedad no logrará la paz que tanto anhelamos si no empezamos por respetar la vida de nuestros conciudadanos.