El Caribe colombiano, una región históricamente marginada en términos de infraestructura y equidad fiscal, se enfrenta a una nueva carga tributaria que pone en jaque su ya delicada situación económica: la Contribución Nacional de Valorización (CNV).

Este cobro, implementado de manera piloto en el Proyecto Vial Barranquilla-Cartagena-Circunvalar de la Prosperidad, representa no solo una doble imposición para los residentes de la región, sino una clara muestra de las desigualdades estructurales que aquejan al Caribe.

A pesar de que la región Caribe, que representa el 15.5% del PIB del país, aún padece las peores condiciones en términos de agua, saneamiento básico y tarifas energéticas, ha sido la elegida para iniciar el cobro de un nuevo tributo. Por ello, la pregunta que surge es: ¿por qué en el Caribe se debe implementar el piloto? De acuerdo con los documentos oficiales, este tributo se justificará por la supuesta valorización de los predios cercanos a la obra, pero la realidad es que esta vía, incompleta y con 60 kilómetros aún sin doble calzada, difícilmente genera los beneficios que promete.

Adicionalmente, los ciudadanos del Caribe ya están contribuyendo al financiamiento de este proyecto a través de cinco peajes existentes. Sin embargo, ahora se lesimpone un nuevo tributo bajo la premisa de un supuesto aumento en el valor de sus propiedades.

Este nuevo cobro, basado en la valorización, es injusto; ya que los propietarios han pagado por el incremento del valor de sus predios en sus impuestos prediales tras las actualizaciones catastrales que toman en cuenta el valor de los predios derivados de las inversiones privadas y públicas, incluidas las provocadas por la obra. En resumen, estamos ante una clara duplicidad de cargas: se cobra por los mismos beneficios que ya se pagaron.

Asimismo, el cálculo del beneficio que supuestamente recibirán los predios cercanos al proyecto vial está basado en estudios técnicos insuficientes. Los documentos oficiales hablan de un “modelo probabilístico” que estima el beneficio total en 18.4 billones de pesos, pero no hay pruebas concretas de que este beneficio esté vinculado exclusivamente al proyecto.

No se han realizado análisis detallados que comparen el valor de los predios antes y después de la obra de manera confiable, y no se cuantifica qué parte del incremento en el valor de los terrenos proviene realmente de la obra vial y no de otras inversiones.

La metodología usada para asignar el cobro, basada en un sistema de “avaluación ponderada por distancia”, no tiene sustento suficiente: ¿por qué el área de influencia del proyecto es de 5 kilómetros y no menos? La simple cercanía a la vía no siempre implica un beneficio económico para los propietarios, quienes también podrían estar expuestos a impactos negativos como aumento de tráfico o contaminación.

Otro aspecto clave es que los recursos que se recauden no necesariamente se destinarán a la región Caribe. Según la reglamentación, estos fondos pueden ser utilizados para financiar obras prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo, sin garantizar que se reinviertan en la región que soporta la carga. De hecho, las autoridades ya han indicado que no se planea utilizar estos recursos para finalizar la doble calzada del proyecto porque, en el estado actual, se atiende el Tráfico Promedio Diario (TPD).

El impuesto predial (que recae sobre el valor del suelo) es uno de los pocos tributos reservados al recaudo local, mientras que otros impuestos, como la renta, patrimonio, el impuesto a las ventas y el 4x1000, son de carácter nacional.

A pesar de que la norma establece como excepción al recaudo local la valorización (que también recae sobre el valor del suelo), es importante destacar que los antecedentes del cobro de valorizaciones, se aplican antes de la ejecución de las obras y son recaudadas por los propios municipios (por ejemplo, Bogotá, Barranquilla, etc.). Este nuevo cobro será la primera valorización nacional que se destinará a un fondo nacional, lo que generará una redistribución inequitativa de los recursos. Esto no solo genera frustración, sino que refuerza la sensación de que el Caribe sigue siendo una región olvidada en la priorización de políticas nacionales.

Si revisamos el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2024-2053, el panorama de inversión futura del Estado en proyectos de infraestructura es abrumadoramente desigual. De los 175,672 mm de pesos comprometidos en vigencias futuras para proyectos a nivel nacional en el sector infraestructura, para obras en el Caribe están destinados solo 6,476 mm al proyecto de restauración de ecosistemas degradados en el Canal del Dique, y otros 2,282 mm que se asignan para obras en el canal navegable del río Magdalena, entre Bocas de Ceniza y Barrancabermeja. Estos proyectos, aunque importantes, representan menos del 5% del total de la inversión nacional proyectada, lo que coloca al Caribe en una posición de evidente desventaja.

El cobro de la CNV afectará profundamente a las familias y empresas de la región. Estimaciones muestran que el impacto económico de este tributo será significativo, con montos que podrían alcanzar hasta tres veces el valor del impuesto predial anual en algunos casos.

Esto encarecerá el desarrollo de proyectos inmobiliarios, particularmente en los sectores de vivienda de interés social, y afectará negativamente el crecimiento económico de la región. Además, la falta de claridad en la capacidad de pago de los propietarios y las inconsistencias en los métodos de valorización y distribución solo exacerban la incertidumbre sobre el impacto final.

En marzo cuando se inicie su cobro las familias del sector, hoy ya apretadas con el elevado costo del servicio de energía, tendrán que pagar el impuesto predial y la valorización. ¡No hay bolsillo que aguante!

Se dice que el estudio base para la determinación de este tributo es la capacidad de pago del área de influencia, pero si se suma el recaudo del predial de Barranquilla y Cartagena (municipios donde se encuentra el mayor número de predios) recaudan 1 billón sumados todos los predios de estas ciudades, ¿cómo es que hay capacidad para pagar 2,3 billones por Valorización en los predios del área de influencia?

La CNV no solo es un error en términos de política económica y social, sino que también vulnera principios constitucionales fundamentales. La falta de previsibilidad y claridad en la implementación de este tributo atenta contra el principio de confianza legítima, protegido por la Constitución. Además, el cobro retroactivo de esta contribución, que puede aplicarse hasta cinco años después de la finalización de la obra, es una clara violación de la irretroactividad de las normas jurídicas tributarias.

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