Esta ha sido una semana difícil para la democracia del país, no porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) esté gestando un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro, sino porque este ha aprovechado la decisión de dicho órgano para convocar un caos popular, innecesario e infundado. Aunque desde la óptica jurídica hay amplias discrepancias sobre la competencia del CNE para investigar y sancionar administrativamente al presidente de la República, difícilmente una investigación que, bajo ningún supuesto, derivaría en la destitución del presidente, podría considerarse una violación al orden democrático colombiano. Una vez más, el presidente Gustavo Petro utiliza a sus bases para iniciar una prematura campaña política y para oponerse a una decisión que perfectamente puede controvertir a nivel nacional mediante mecanismos como la acción de tutela o la nulidad.

Dicho esto, la decisión del CNE de abrir investigación y formular cargos contra diferentes miembros de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, incluyendo al presidente Gustavo Petro, está amparada por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 y por la decisión emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. En esta, se determina que el CNE tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a que haya lugar contra el ganador de la campaña presidencial, en caso de comprobarse irregularidades previstas en la ley, excepto la eventual pérdida del cargo.

Bajo ningún supuesto, la decisión del CNE implicará la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro, ya que cualquier sanción que conlleve a ello es competencia exclusiva del Congreso de la República. Ahora bien, la competencia del CNE para investigar y sancionar al presidente puede ser cuestionada por la figura del fuero integral presidencial, establecida constitucionalmente, que determina que todas las investigaciones contra el presidente deben ser adelantadas ante la Cámara de Representantes. Sin embargo, aun admitiendo esta tesis, no se podría sugerir que se está fraguando un golpe blando contra el presidente, quien cuenta con más garantías que cualquier otro ciudadano o funcionario público del país.

Un gobierno que, pocos días antes, llamaba a un acuerdo nacional a través de su ministro del Interior, y que luego arremete contra lo institucional, haciendo un llamado a una Asamblea Popular que tenía conformada mucho antes de la decisión del CNE, es un gobierno que, de facto, reconoce que se está quedando sin oxígeno político y que no ha logrado generar consensos para la adopción de sus políticas públicas. Más que eso, si alguien está amenazando la democracia es el mismo presidente, quien advirtió que, si no le dan la razón en este caso, se tomará el poder. ¿Cuál poder se tomará? Si el poder que ya tiene no es suficiente, la pregunta que habría que plantearse es a qué otro poder se refiere.