La reciente aprobación en el Senado de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) abre un debate crucial sobre el futuro fiscal y territorial de Colombia. Si bien el objetivo de incrementar las transferencias a las regiones es positivo, los riesgos asociados, como el aumento del déficit fiscal y la presión sobre la deuda pública, no deben subestimarse.

Según Fundesarrollo, si la reforma avanza, el costo del SGP podría alcanzar el 8,2 % del PIB en 2034, un aumento significativo respecto al 5,7 % proyectado en el escenario base. Este incremento podría resultar insostenible si no se lleva a cabo de manera gradual, lo que generaría más problemas fiscales y pondría en peligro la estabilidad macroeconómica. En un contexto global de alta volatilidad y elevados costos de financiamiento, un desajuste fiscal podría afectar la confianza de los inversionistas y limitar la capacidad del Gobierno para financiar áreas esenciales como salud, educación e infraestructura.

Desde Fundesarrollo sugerimos una implementación progresiva durante 15 años, destacando que, además de aumentar los recursos, es necesario fortalecer las instituciones, un aspecto fundamental para el éxito de la reforma. La región Caribe, por ejemplo, ilustra la necesidad de acompañar el aumento de recursos con un sólido programa de desarrollo de capacidades técnicas y administrativas. La adopción de pliegos tipo y la correcta aplicación de la Ley 80 son pasos clave en la dirección adecuada, pero deben integrarse dentro de una estrategia más amplia de modernización de la gestión pública territorial.

Es igualmente esencial incorporar criterios redistributivos claros en el presupuesto regionalizado. La histórica concentración de inversiones en las regiones más desarrolladas ha perpetuado las desigualdades territoriales, y esta reforma representa una oportunidad para corregir ese desequilibrio. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda tienen la responsabilidad de garantizar que las inversiones públicas prioricen de manera efectiva a las regiones más necesitadas.

La reforma al SGP no debe considerarse únicamente como un ejercicio de redistribución de recursos, sino como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo territorial de Colombia. El éxito de esta iniciativa dependerá de nuestra capacidad para equilibrar las legítimas aspiraciones de las regiones con la responsabilidad fiscal, todo dentro de un proceso de fortalecimiento institucional que asegure que cada peso transferido se convierta en una mejora sustancial en la calidad de vida de los colombianos.

* Directora Ejecutiva Fundesarrollo