El gobierno de Petro empezó su declive final. Por eso debe celebrarse la valerosa decisión de las comisiones económicas del Congreso de la República de archivar la reforma tributaria que se le quería imponer a las clases populares y medias del país. La reacción de Petro no se hizo esperar. En Barranquilla, desesperado y fuera de sí, gritó públicamente contra el Caribe al que ha ofendido reiteradamente, contra el alcalde de la ciudad, defendió nombramientos impresentables, atacó a Bogotá por estar en las montañas y lejos del mar, echó contra el diario EL HERALDO y maldijo a los congresistas. Le faltó hablar otra vez del “golpe blando”, elemento central de sus discursos sin contenido con los que ha acostumbrado al país en los últimos 2 años y medio.

Sobre el hundimiento de la reforma tributaria era natural la decisión del Congreso por varias razones.

En primer lugar, la vergonzosa salida del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla salpicado por su asesora María Alejandra Benavides en la trama criminal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y los cupos indicativos regionales. Todo esto llevó a que varios funcionarios del entorno del presidente Petro fueran imputados, aceptaran cargos o se pronostiquen firmas de principios de oportunidad.

En segundo término, el gobierno tiene parqueados 119 billones de pesos en las fiducias derivados de su falta de ejecución presupuestal. No distingue entre programar y ejecutar el presupuesto. Para los funcionarios ejecutar terminó siendo enviar recursos a las fiducias y entenderlos por gastados, salvo los de la UNGRD. Según las cifras del Ministerio de Hacienda a noviembre de 2024 se ejecutó el 71,1 % del presupuesto, sin saber cuánto de ese porcentaje se fue a las fiducias y no para beneficiar realmente a la gente. Dentro de la ineficacia quedan ejemplos vergonzosos como el del Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta Francia Márquez que ejecutó el 3,11% del presupuesto de los 1,8 billones asignados o el Ministerio de Medio Ambiente de la activista Susana Muhammad que solo ejecutó el 30,24%. Dos carteras que lideraban presuntamente “el cambio”.

En tercer lugar, la reforma buscaba recursos sin tener en consideración que este gobierno ha atacado los sectores estratégicos de producción como el petróleo, gas energía, y otros que le generan los impuestos para subsistir. Del mismo modo, ha arremetido contra el sector privado, destruido Ecopetrol y golpeado de forma recurrente a la institucionalidad. Para verificar esto, debe observarse la virulencia con la que trata a la administración de justicia, a la Procuraduría, a la Registraduría, al Consejo Electoral, al Congreso de la República. Aprobar la reforma era acompañar un proyecto de destrucción del país y justificar la misma corrupción del gobierno.

Por último, era evidente que no se aprobaría una reforma tributaria que buscaba 12 billones de pesos cuando ni siquiera se había aprobado el presupuesto de 523 billones por el Congreso que se encontraba desfinanciado en 37 billones de pesos. Un desorden técnico de ese nivel y la inexperiencia del nuevo ministro y del director de planeación implicaba que nadie creyera en la presentación técnica de esos proyectos.

En fin, empezó el conteo final del gobierno de Petro. El próximo año muchos sectores seguirán levantando la voz, los congresistas seguirán votando en contra de los proyectos del gobierno para sobrevivir en las elecciones de marzo de 2026 y las cortes seguirán frenando los ímpetus del autócrata. Va quedando claro que Petro y su gobierno no representan a los colombianos y que perdió la calle y el pueblo.

Adenda. Esperemos que el próximo lunes se hunda la reforma política y que no se apruebe la reforma a la salud que nos deja sin salud, sin aseguramiento y sin medicamentos.

*Ex Fiscal General de la Nación 2020-2024

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)