El caos institucional es total. En los últimos días, se desmadró el orden público en el Catatumbo (Norte de Santander) con una guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Ante esto, el gobierno de Petro tomó dos medidas para resolver la situación.

La primera, evadir su responsabilidad. Por eso se fue con su ministro de Defensa, Iván Velásquez a Haití, un país caótico, en guerra civil y que no significa nada para Colombia en el contexto de las relaciones internacionales. De hecho, no sé si a Petro le han contado que a Haití no lo controla la institucionalidad, sino el jefe de una banda criminal. En su visita, como es habitual realizó un discurso plagado de errores históricos, lanzando epítetos contra los Estados Unidos y su nuevo presidente.

Luego, al verse agarrado por la prensa, salió con la “genialidad” de que fue a Haití en el marco de la lucha contra el narcotráfico cuando ha sido su gobierno el que declinó ante este flagelo en el país. Las cifras son contundentes y tozudas. Como lo dije el año pasado, según el informe de la ONU, el país en 2023 tenía 253.000 hectáreas sembradas frente a las 230.028 de 2022. Lo grave es que la forma de multiplicar la producción llevó a que pasáramos de 1.738 toneladas de coca en 2022 a 2.664 toneladas en 2023.

Ahora bien, frente a la conmoción interior, Petro la tiene difícil. El viernes 24 de enero, expidió el decreto 0062 estableciendo que la situación es excepcional y grave en el Catatumbo. Lo complejo para Petro es pretender justificar una excepcionalidad cuando todo lo que ocurre es producto de la entrega que su gobierno le ha hecho al crimen y a los mafiosos con la " paz total”. Lo denuncié como Fiscal General todo el tiempo desde su llegada al poder. Que nadie se sienta engañado.

Pero, más allá de la sustentación, lo grave no es el decreto legislativo " principal”, sino los decretos que se derivan de esa declaratoria. El gobierno tendrá que demostrar que cualquier medida que quiera incluir en los decretos derivados no la podía tomar por vía ordinaria. Por eso, buscar seguramente una reforma tributaria por la puerta de atrás a través de esas medidas es una insensatez.

En el decreto se indica que la situación del Catatumbo “exige que el gobierno nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva (…)”.

En otras palabras, nos vieron la cara de tontos a los colombianos. La realidad es que, ante la negativa de la reforma tributaria por parte del Congreso, se inventaron una conmoción para sacarla por decreto. Más bien mientras la Corte Constitucional estudia este engendro jurídico, lo único que debería hacer Petro, por primera vez, es que se ponga del lado de la institucionalidad, rechace la injerencia de Venezuela en el Catatumbo, vaya a la zona, movilice las tropas, envié a la policía a los municipios afectados, establezca un plan de intervención social y con la Fiscalía capturen a los criminales que andan en libertad en esa zona del país sin temor a nadie y que han asesinado a los líderes sociales y a los desmovilizados. Debería, más bien, conversar con el gobernador de Norte de Santander y permitirle al departamento que utilice las regalías que le corresponden para destinarle a la zona del Catatumbo. Con eso, nos dejaría tranquilos a los Colombianos y dejaría de improvisar.

Esa es la realidad de esta Colombia decadente que tendrá que sufrir los embates de un gobierno desquiciado y caótico hasta que el pueblo los saque por las urnas en el 2026.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

@FGFBarbosa