La guerra de Donald J. Trump y JD Vance contra las universidades en Estados Unidos forma parte de un discurso que busca suprimir la libertad de expresión y la visión de aquellos que, desde la investigación y la academia, desafían sus posturas regresivas sobre los derechos y el orden global. En última instancia, pretende promover la idea de un país donde pensar diferente, o simplemente pensar, conlleva represalias del gobierno federal.
La administración de Trump anunció el pasado viernes que cancelará 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales a la Universidad de Columbia. Según lo sostenido por las agencias federales, esta decisión se toma debido al fracaso de la universidad en la protección de los estudiantes judíos contra el acoso.
Para quienes desconocen el contexto, esta situación surge a raíz de las protestas iniciadas en la Universidad de Columbia, que luego se replicaron en otras universidades de Estados Unidos, contra la guerra en Gaza. En estas manifestaciones, cientos de estudiantes alzaron su voz en defensa de la protección de los civiles palestinos que sufren las consecuencias del uso excesivo de la fuerza y la violación del derecho internacional humanitario por parte de Israel.
Estas protestas generaron un amplio debate en todo el país sobre si condenar la actuación de Israel constituye un acto antisemita o si está amparado por la libertad de expresión y de reunión garantizada tanto por la Constitución como por los estatutos universitarios.
Para Trump, no hay matices: considera que se trata de manifestaciones “ilegales” y ha sostenido que los estudiantes que participen en ellas pueden ser arrestados —algo que ya ocurrió el año pasado en Nueva York— o deportados a sus países de origen. Tildar este tipo de manifestaciones estudiantiles de ilegales es abiertamente inconstitucional y desconoce el derecho de reunión del que gozan todos los ciudadanos.
Sin embargo, el discurso de Trump contra las universidades va más allá de estos hechos. Busca controlar de facto la postura que adopten los rectores de las instituciones frente a su gobierno, quienes temen que cualquier referencia negativa al gobierno federal pueda perjudicar a las universidades y, en particular, privarlas del apoyo financiero estatal.
En este sentido, según una encuesta realizada por The Chronicle of Higher Education, el 94 % de los rectores universitarios encuestados consideran que la administración de Trump está en guerra con la educación superior.
Trump no solo mantiene una guerra arancelaria con sus vecinos de Norteamérica o una disputa discursiva contra sus aliados históricos más importantes, sino que también ha emprendido un enfrentamiento con las universidades de su propio país.
Todo apunta a un gobierno contrario a la educación, con la posibilidad de un cierre del Departamento de Educación a nivel federal y recortes presupuestarios a las universidades, lo que sin duda afectará no solo el acceso de nuevos estudiantes, sino también la investigación en el país.
@tatidangond
