En los últimos años, el llamado “modelo Bukele” ha ganado popularidad a nivel global, especialmente en América Latina, por la rapidez y efectividad con la que Nayib Bukele ha logrado que El Salvador saliera de un estado generalizado de delincuencia y violencia. Este modelo combina varios elementos: negociaciones con pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y, lo más importante, una política de detenciones masivas en el marco de un régimen de excepción, en el cual las garantías constitucionales se restringen totalmente para quienes son detenidos.
El modelo de mano dura impuesto por Bukele en El Salvador lo ha convertido en una figura de gran popularidad, especialmente en países donde las tasas de homicidio son elevadas y el crimen organizado genera mayor zozobra en la sociedad. Otros países, como Honduras bajo el mandato de Xiomara Castro y Ecuador con Daniel Noboa, han intentado —sin éxito— replicar el método Bukele para desmantelar el crimen organizado. En un artículo escrito con rigurosidad por Manuel Meléndez-Sánchez y Alberto Vergara para el Journal of Democracy, los autores exploran si este modelo puede implementarse con éxito en otros países. La clave está en los sacrificios institucionales que tendría que asumir un país para adoptar este método, pues, en regímenes constitucionales y democráticos, su aplicación resulta prácticamente imposible.
Vale la pena preguntarse si la manera de alcanzar un país sin altos índices de violencia debe pasar por deshumanizar a las personas, ignorar la existencia de derechos inherentes al ser humano y crear un nuevo ciclo de injusticias al renunciar a los derechos humanos a cambio de un modelo populista. La defensa de los derechos humanos, especialmente hoy, se ha planteado como una idea mutuamente excluyente de la seguridad: un discurso peligroso, pero que cuenta con el respaldo de una gran parte de la sociedad. Como naciones, debemos seguir buscando alternativas para garantizar la seguridad, sin que ello suponga detenciones masivas ni la construcción de megacárceles como fuente de negocio para el Estado, y sin ofrecer garantías a quienes lleguen allí.
Recuerdo que, hace años, cuando estudiaba Derecho, un profesor nos recomendó ver la película En el nombre del padre (1993) para comprender la importancia del debido proceso en el ejercicio de la justicia. Ojalá, al terminar de leer esta columna, la busquen, la vean y se tomen un momento para reflexionar sobre los riesgos que implica acoger un modelo que desconoce por completo los derechos fundamentales de las personas.
@tatidangond
