Hace diez años, el Dane realizó un Censo Nacional Agropecuario en las zonas rurales de los 1.102 municipios del país, donde encuestaron a unos 3 millones de productores del campo.

Dentro de las preguntas que les hicieron a los productores, me llamó la atención que el 89% (2.6 millones) dijeron que no habían tramitado un crédito a través de una entidad bancaria ni habían recibido el servicio que prestan las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS). Cuando revisé las estadísticas de crédito de Finagro en el 2024, pude constatar que el Dane no se equivocó. En dicho informe, Finagro reveló que el sistema financiero del país solo tramitó 394.952, dejando por fuera a 2.6 millones de productores del campo.

Las cifras de Finagro también revelan que el ticket promedio de un crédito para pequeño productor es de $17.600.000 y para el mediano productor de $89.000.000. Si los 2.6 millones de productores que se quedaron por fuera tienen estas mismas necesidades de recursos de créditos, los distribuidores de agroinsumos, agroindustrias y prestamistas locales están haciendo un buen negocio financiero. De este análisis podemos deducir que más del 80% de la inversión anual en producción de alimentos y materias primas en Colombia está financiada por un sistema no bancario.

Esta situación se da por varias razones: De parte de la banca, por exceso de requisitos, trámites engorrosos y altos costos operativos. De parte de Finagro, por las altas tasas de interés de los recursos de redescuento, los topes de tasa de interés a los productores y las costosas comisiones que cobra el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). De parte de la Superintendencia Financiera, por alta provisión establecida a los créditos del sector agropecuario. De parte de los productores, por la informalidad contable y escasos conocimientos en la estructuración de los proyectos productivos y planificación de los créditos.

Obviamente, para resolver estos problemas de acceso al crédito agropecuario, solo se requiere hacer unos ajustes al actual Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y meterle tecnología a los procesos de trámites de los créditos. En un documento que estoy preparando para el próximo presidente de Colombia, voy a sugerirle modificar la estructura de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, reformar la política de redescuento de Finagro y del Fondo Agropecuario de Garantía (FAG); replantear la inversión forzosa que hace la banca en Títulos de Desarrollo Agropecuarios (TDA) y modificar la política de incentivos, subsidios y demás ayudas, que hoy se entrega a los productores del campo de forma arbitraria y con criterio político.

Ya es hora de migrar de un sistema de crédito agropecuario estandarizado a un esquema de financiamiento agropecuario flexible, ágil, barato y oportuno. Las explotaciones agrícolas en Colombia están paralizadas por falta de recursos de crédito. Necesitamos involucrar a otros actores en apalancamiento financiero y facilitar la entrada de las tecnologías para llevar servicios financieros a la mayor cantidad de productores del campo y así lograr hacer más baratas y prácticas, las operaciones tradicionales de los bancos.

Ya lo estamos haciendo con muy buenos resultados. Como dijo el Nobel belga Ilya Prigogine. “El futuro no se puede predecir, pero sí diseñar”.

*Asesor en crédito de fomento agropecuario