La muerte de Vargas Llosa me llevó en la Semana Santa a releer dos de sus novelas. La primera La fiesta del chivo (2000) y la segunda Tiempos recios (2019). En los dos textos circulan los dictadores y terminan muy mal en medio de su incredulidad. En ambos libros, los dictadores pasan por encima de las reglas, de la justicia y creen que son propietarios del pueblo. Desconocen que el pueblo siempre será gobiernista y que cada 4 años en las elecciones ese mismo pueblo que los eligió y les gritó vítores y loas, son los que terminan haciendo lo propio son su sucesor.
Gustavo Petro ha mostrado en sus años de gobierno una actitud dictatorial. Desconoce las instituciones y no tiene límite alguno. El último episodio se dio al desconocer el fallo de tutela del Consejo de Estado del 11 de abril por el cual se limitaba la emisión de sus “circenses” consejos de ministros en los canales privados de televisión por violentar el pluralismo informativo. La respuesta de Petro fue simple: reiterar su desafío a la justicia.
Con toda la tranquilidad, el 21 de abril Petro y su gobierno volvieron a enlazar los canales privados de televisión para hacer el mismo espectáculo al que tiene sometido a los colombianos, pero para pasarse por la faja la decisión judicial dijo que eso no era un “consejo de ministros” sino una “alocución presidencial. No nos crea pendejos.
Esta decisión de Petro confronta a la justicia por tres razones. En primer lugar, existe un incumplimiento material de la decisión del Consejo de Estado porque aunque cambió el nombre del evento, mantuvo la estructura, el contenido y la ocupación total del espacio televisivo lo que desconoce el alcance del fallo en cuanto a la protección de la pluralidad informativa.
En segundo término desconoce el deber constitucional de acatar las decisiones judiciales. El artículo 228 de la Constitución Política de 1991 señala que las providencias judiciales deben cumplirse de manera inmediata. Nadie está por encima de la Constitución y la ley. En eso Petro nos recuerda todo el tiempo que según él no está limitado por nada.
Por último, no acata la figura de la alocución presidencial. Es así como en la sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional se indicó que las alocuciones presidenciales se limitan a la “necesidad y urgencia”. En esa decisión la Corte señaló que las alocuciones no son ilimitadas. Esta violación de la sentencia es otra de las nuevas manifestaciones autocráticas que parecen sacadas de las historias de dictadores de nuestra región del siglo XX.
Con esta acción Petro sigue ubicándose como un sujeto que amparado por su discutida legitimidad democrática ha puesto en vilo la democracia colombiana. Lo ocurrido no es insular. Recordemos que, entre otras cosas, pidió que se les suspendiera las órdenes de captura a narcos con mandatos de extradición a los Estados Unidos, también como su campaña le recibió plata a Alias “Pitufo” y la proliferación de corrupción de su gobierno como se evidenció con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD). Ni hablar de los múltiples ataques contra la rama judicial y otras instituciones.
Por lo pronto, Colombia y la institucionalidad tienen que unirse el próximo año para que esta satrapía no se intente quedar con nuestro país. Tenemos que recordar los colombianos en las urnas que como dice el adagio popular “a los perros no los capan dos veces”.
*Ex fiscal general de la Nación
* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
