Mucho se ha escrito sobre las tarifas de energía en Colombia y en el mundo. Aquí, gracias al liderazgo de la Ministra Vélez, Isagen ha sido un actor importante y propositivo, junto a otros agentes, para buscar alivios a través del Pacto por la Justicia Tarifaria, un muy buen ejemplo del diálogo social.

Isagen ofreció descuentos a sus clientes comercializadores que atienden el mercado regulado, garantizando un descuento real sobre los precios que aplicarán antes de finalizar 2022 y fijando un techo a los precios en 2023. En el caso de los operadores del Caribe, se realizó un descuento diferencial en función a varias condiciones que tiene esta importante región del país.

El mercado ha gozado de un marco estable para la expansión de la capacidad en tres décadas y avanza en una transición que garantizará mayor confiabilidad y tarifas justas. Este es el objetivo de todos, empezando por Isagen, que cuenta con una matriz de generación totalmente renovable, con 15 centrales hidroeléctricas, dos parques eólicos y dos granjas solares entregadas en 2022. Además, inició la construcción de un parque solar en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, que tendrá 100 megas de capacidad con una inversión de casi $500.000 millones en esta región del país, muestra de su compromiso con el Caribe.

Como es conocido, el servicio de energía en el Caribe ha sido un problema histórico, que viene desde las empresas regionales públicas y ha mutado con la inclusión de capital privado, la intervención de Superservicios y un esquema de transición, en cabeza de dos operadores nacionales: Air-e y Afinia. En ese trasegar los operadores y el fisco han inyectado decenas de billones que, sin embargo, no han mejorado el servicio, la infraestructura ni la sostenibilidad financiera de las empresas.

Los operadores actuales han adelantado inversiones billonarias en redes. No obstante, las pérdidas en esta región siguen rondando el 30% por conexiones ilegales. La Creg, en 2021, definió un esquema de transición en donde se le reconocen temporalmente estas pérdidas a los operadores (representa hoy en día 30% de la tarifa final), para garantizar los recursos requeridos para la modernización de redes y eliminar dichas pérdidas. Las inversiones realizadas y el reconocimiento de estas pérdidas, son los principales factores que explican el crecimiento de las tarifas en el Caribe. Pero es importante entender que sin ese reconocimiento, la estabilidad financiera de las distribuidoras estaría en entredicho, lo cual terminaría por agravar la confiabilidad y la calidad del suministro de energía para el Caribe.

Es necesario encontrar una solución novedosa y audaz, sólida y sostenible para el Caribe. Volver a estatizar estas operaciones como sugieren algunos, conllevaría esfuerzos fiscales que hoy el Gobierno no tendría forma de asumir. Por ello, las soluciones pasan por encontrar esquemas que permitan seguir invirtiendo en la infraestructura y así disminuir las pérdidas de manera estructural, con reducciones sensibles de las tarifas y garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los operadores.

Titularizar un porcentaje de la tarifa futura, vía bonos u otro mecanismo con garantía de la Nación, pareciera ser una alternativa que ha funcionado en otras latitudes, ya que no tendría impacto fiscal, proveería la liquidez requerida para cubrir las pérdidas no técnicas temporalmente, minimizando su impacto en las tarifas y permitiría solucionar un problema estructural que nos ha perseguido por décadas.

*Presidente de Isagen