Hay gente que piensa que la consulta anticorrupción no es necesaria, que es un ‘engañabobos’ y que es un soberano despilfarro de $300 mil millones dizque porque todo está en las normas (culturalmente hemos sido formados para que creamos que las legislaciones tienen la virtualidad mágica de modificar la realidad).
Dejan de lado, por esa razón, el ingrediente más importante y democrático de la convocatoria ciudadana del domingo 26 de agosto: que pretende movilizar a más de 12 millones de colombianos. Además, la consulta está basada en otro acontecimiento ciudadano igualmente participativo: las más de 4 millones de firmas que la avalaron.
Señores, la lucha contra la corrupción no es algo que dependa solo de normas, leyes o manuales: en ella lo decisivo, lo central, es el protagonismo de los ciudadanos. Un país puede tener el mejor cuerpo jurídico para garantizar la transparencia en el Estado (y magnífico que esto contribuya a hacer de las instituciones públicas un ejemplo de probidad), pero la prevalencia de la ética en una sociedad, depende, fundamentalmente, de sus ciudadanos, y de qué tanto sean estos exigentes a la hora de reclamar honestidad a los servidores públicos. Eso es lo que no suelen ver nuestros miopes santanderistas. De ahí su leguleyo interrogante: ¿para qué esta consulta si tenemos normas de sobra?
Esta consulta, desde luego, no agota todo lo que el país demanda en materia de anticorrupción, pero merece un masivo respaldo político de la ciudadanía.
A mí me gustan todos los puntos que propone la consulta: 1) Bajarles el salario a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado. 2) Quitarles los beneficios de casa por cárcel a los corruptos, así como el derecho de contratar con el Estado. 3) Imponer un modelo de contratación transparente en el sector público. 4) Definir los presupuestos oficiales con participación ciudadana en audiencias públicas. 5) Establecer la rendición de cuentas a todos los servidores públicos de elección popular. 6) Obligarlos, asimismo, a declarar sus bienes, rentas, patrimonio, pago de impuestos y conflictos de intereses. 7) Limitar a tres los periodos de congresistas, diputados y concejales.
Simpatizo, especialmente, con la disminución del salario a los congresistas y a los otros altos funcionarios del Estado, pues no me parece moralmente presentable que a la vez haya un país de 11 millones de informales que devengan menos de un salario mínimo. Es la democracia de la desigualdad social.
La OIT lo ha dicho con irrebatible exactitud: “En muchos países, la desigualdad comienza en el mercado de trabajo”. Es una obscenidad que millones de compatriotas vivan con el agua al cuello y que los servidores públicos privilegiados ganen salarios estrambóticos (aparte de lo que roban los inescrupulosos). Necesitamos una política salarial equitativa.
@HoracioBrieva
