Investigaciones recientes demuestran que el costo de transporte por habitar viviendas en localizaciones periféricas de las ciudades latinoamericanas, puede llegar a ser superior a las ventajas que estas ofrecen a sus propietarios. Dicho costo de transporte es prohibitivo, no solo en términos monetarios, sino de tiempo perdido en incomodos, y en esencia semiformales, medios de transporte.

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué la vivienda popular producida por el sector formal en Latinoamérica se localiza tan lejos de los centros de empleo? La respuesta a esta pregunta tiene dos componentes, el primero puramente económico, y es que las mejores localizaciones en cualquier ciudad tienen mayor demanda y en consecuencia precios del suelo más altos. Estos precios expulsan a los hogares de bajos ingresos a zonas periféricas.

Sin embargo, esta explicación no es suficiente para justificar, por ejemplo, la localización de Villas de San Pablo, vivienda subsidiada ultraperiférica en Barranquilla. Aquí la acción gubernamental tiene un rol muy importante: a los precios altos del suelo, se les agrega el subsidio, lo que exagera su carácter expulsor.

Cuando se interroga sobre el tema tanto a desarrolladores privados como a funcionarios del Gobierno, se oye decir que el precio del suelo es muy alto, y por eso es imposible proveer vivienda popular en mejores zonas. Pero este razonamiento no toma en cuenta que la escasez de conexión a vías y servicios públicos es lo que determina precios más que proporcionales a la capacidad de pago de la demanda; que la entrega de subsidios a la demanda incrementa el precio del suelo a nivel metropolitano; y que la ley de ordenamiento territorial 388 de 1997 entregó a los municipios colombianos un arsenal de instrumentos de gestión de suelo, que ayudarían a moderar el problema, esto en caso de que el gobierno de la ciudad de Barranquilla decidiera hacer uso efectivo de estos.

La dinámica espacial de “saltos de rana” con desarrollos ultraperiféricos gestionados por el Gobierno ya se había dado en el pasado en Colombia, con urbanizaciones a cargo del extinto Instituto de Crédito Territorial, pero regresan ahora en el marco de los subsidios a la demanda para compra de vivienda. En ambos casos, el problema comienza cuando se confunde el derecho a la vivienda como habitación, con el derecho a la vivienda como propiedad.

*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de El Heraldo.