Esta columna la escribo desde lo más profundo de mi corazón, después de más de tres décadas del exterminio de la Unión Patriótica -UP, y tras conocer la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al Estado colombiano por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984, y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio.
Con ese exterminio no solo se llevaron las ilusiones de un pueblo, sino también a un ser humano excepcional: Bernardo Jaramillo Ossa. Con la muerte de Bernardo el país perdió un líder, perdió el respeto por las ideas ajenas, la capacidad de ser tolerantes y el respeto por el contrario.
Éramos una pareja joven de recién casados. Nos llamaban guerrilleros por el solo hecho de pertenecer a la UP. Llegábamos a sitios públicos y los que estaban ahí preferían alejarse. Nadie nos escuchaba; nuestro miedo debía ser resuelto por nosotros mismos.
Bernardo fue en esa época el hombre más amenazado y custodiado del país; a sus 34 años ya había sido abogado, representante a la Cámara, senador de la República y candidato a la Presidencia por este partido político de izquierda democrática. Alzo su voz miles de veces; denunció asesinatos, torturas, desapariciones, y el Estado siempre estuvo igual: mudo e indiferente, como si la muerte de los militantes de la UP no fuera un tema de ellos. Al Estado indiferente no le interesaban ni los militantes caídos, ni la enorme fila de viudas y huérfanos. Eran las épocas en donde solo nos encontrábamos en los funerales de nuestros amigos y amigas.
El camino fue el exilio y aun así perdimos la batalla. Bernardo fue asesinado un 22 de marzo en pleno puente aéreo en Bogotá, custodiado por 16 escoltas, murió a mi lado. Jamás el Estado Colombiano se ha acercado a preguntarme que nos había pasado.
La Corte determinó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de asociación y pensamiento de las víctimas, porque su móvil “fue la pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este”; violó el derecho a garantías judiciales, y el de la honra y dignidad, debido a la estigmatización por parte de las autoridades en contra de los militantes de la UP.
Hoy después de tanto tiempo aún no conocemos la verdad de quiénes fueron los determinadores y financiadores de este exterminio, y mi temor es que sigan encubiertos y creyéndose dueños de un país que nos pertenece a todos y todas. Sin embargo, a pesar de ello, estoy convencida de que este fallo abre una puerta a la justicia porque representa el respeto a los derechos humanos y a la vida. Es también un buen ejemplo para las futuras generaciones que deben aprender que de la violencia no queda nada bueno, solo destruye y nos quiebra la vida; aprender que la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas son la única forma de garantizar la vida y que son la mayor muestra de civilidad.
