El pasado martes tuve la oportunidad de participar en un conversatorio sobre un estudio del impacto del crédito en el sector agrario en Colombia, adelantado por el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, y varios destacados profesionales del sector financiero.

Este estudio (financiado por el BID), resalta dos aspectos importantes del actual Sistema Nacional de Crédito Agropecuario: 1. La baja cobertura de financiamiento que solo llega al 15% de los agricultores y ganaderos del país, y al 5% de la demanda de la inversión de nuestro sector agropecuario. 2. El impacto positivo del crédito agropecuario en el aumento de la productividad de los agricultores y la reducción de la pobreza multidimensional en las zonas rurales del país.

Después de analizar este estudio y los resultados del último censo agropecuario, creo que nos llegó la hora de diseñar una normatividad acorde a la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1990, cuando se expidió la legislación actual del financiamiento agropecuario. Para citar un solo ejemplo, de los siete miembros que conforman la actual Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, solo dos son banqueros.

Otra alternativa que he planteado en varios foros sobre el tema, es la de unificar las inversiones forzosas de los Títulos de Desarrollo Agropecuarios (TDA A y B) y establecer unos porcentajes específicos de destinación de esos recursos para las actividades de producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo al sector agropecuario. Ello permitiría una mejor distribución de los recursos de crédito y una mejor cobertura en la cadena agroalimentaria por parte de la banca privada.

La banca oficial también requiere un ajuste urgente en su propósito misional. Finagro y el Banco Agrario deben simplificar y sistematizar sus procesos de colocación de créditos de fomento para reducir los tiempos de los trámites de las solicitudes de los créditos, los costos financieros y el riesgo de la cartera. Hay que diseñar líneas de crédito básicas que se adapten a las necesidades de capital de trabajo e inversión de los ciclos productivos. Es decir, una “financiación a la carta” para sustituir los tramites engorrosos y las líneas estandarizadas que están ofreciendo hace 28 años dichas entidades.

Ya es hora de que Finagro diseñe e implemente un sistema que provea servicios de información sobre las condiciones de productividad por subsector agrícola y región al sistema financiero para fomentar las colocaciones de créditos con tasas de interés competitivas y bajo riesgo. De igual manera, se debe ampliar la indexación de las tasas de interés a IBR e IPC, clasificar a los tipos de productores de acuerdo con sus ingresos y no a sus activos, liberar las tasas de interés e incrementar el respaldo de los créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías y del seguro agrario. Si en realidad queremos lograr un mayor acceso y cobertura del crédito en el sector agropecuario, tendremos que superar estas barreras, tal como lo sugiere el estudio del doctor Juan José Echavarría.

*Experto en financiamiento agropecuario