Tras el informe de auditoría que reveló a mitad de semana la Contraloría General de la República en el que da cuenta de presuntos hallazgos fiscales por 1.892 millones de pesos en el primer año de mandato del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, entre ellos el pago de $1.525 millones de pesos para medicamentos a presuntos falsos pacientes con hemofilia, el Gobierno seccional acaba de reaccionar alegando que el giro de dichos recursos fue puesto en cocimiento de la Fiscalía, desde el 2016, para que se adelantaran las investigaciones correspondientes.
Sostiene el ente territorial en el comunicado que a partir de esa denuncia, la Fiscalía 78 Seccional de la Unidad Especializada, el 15 de mayo de este año, realizó inspección a las instalaciones de la Gobernación y acopió documentación adicional sobre el tema.
De acuerdo con el ente territorial, el informe de la Contraloría no ha sido radicado formalmente ante el despacho del gobernador Besaile como tampoco de ninguno de sus secretarios y agrega que la información que tienen hasta el momento, es producto de la divulgación que han hecho los medios.
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'Una vez se dio a conocer el informe de auditoría vigencia 2012- 2015, con relación a SGP- Salud, de la Contraloría General de la República, se ordenó verificar en la vigencia 2016, todo lo relacionado con pacientes hemofílicos, encontrándose que desde la Secretaría de Salud Departamental en el mes de mayo de esa vigencia, se realizó un pago por $1.525.045.600, por concepto de suministros de medicamentos a 14 supuestos pacientes con Hemofilia a la IPS San José de la Sabana, situación que inmediatamente se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a fin que se adelantaran las investigaciones correspondientes, todo lo cual fue comunicado a la opinión publica el 26 de enero del año 2017', sostiene la Gobernación en su comunicado.
Frente a este tema cabe recordar que de acuerdo con la investigación de la Contraloría esos 14 pacientes no aparecieron en las bases de dato de las EPS, después de pedir dicha información a las entidades de salud.
Insiste el Gobierno seccional en que, 'lo que a la fecha está dando a conocer la Contraloría General de la República acerca de la auditoría a los recursos de SGP - salud de vigencia 2016, en algunos medios de comunicación, reafirma lo que ya había sido informado por el despacho del Gobernador a la Fiscalía General de la Nación y a la opinión pública'.
'Así las cosas, se reitera, como en enero de este año se manifestó, que esta administración no patrocina actos de corrupción a los recursos de la salud del Departamento, ni encubre la actuación de funcionarios, ex funcionarios, contratistas o particulares que participen en su defraudación. La Gobernación ya ha tomado medidas y continuará tomando las que sean necesarias al interior de la cartera de salud a fin de evitar pagos inconsistentes o improcedentes', precisa el ente territorial.
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Agrega que dentro de los distintos procesos que se siguen contra el denominado cartel de la hemofilia, 'la Gobernación de Córdoba se constituyó como víctima desde el día 11 de enero de 2016, coadyuvó la imposición de medida de aseguramiento en contra de los imputados y colabora con los órganos de control para evitar la impunidad y lograr la recuperación de los dineros públicos pagados de forma presuntamente indebida'.
Sobre el contrato de educación
La Gobernación también se refirió al hallazgo expuesto por la Contraloría, sobre un presunto detrimento patrimonial a raíz del contrato 702-2016 para impartir educación a 1860 alumnos especiales del Departamento y cuya plaza no se habría cubierto en su totalidad.
'En el estudio previo del contrato se contempla que las actividades van a ejecutarse en 143 instituciones o sedes educativas, igualmente, dentro de la propuesta presentada por el contratista solo se oferta trabajar en 143 sedes educativas, como se puede observar en el formato N°3 de la propuesta económica presentada a la Gobernación. Documentos analizados por el ente de control fiscal. El número total de estudiantes (1860), corresponde a la totalidad de alumnos matriculados en todo el Departamento y se encuentran distribuidos en 253 instituciones y sedes que se ubican equidistantes pues la población rural alcanza un porcentaje significativo, por tal motivo nunca se contempló dentro del contrato la realización de actividades que de acuerdo al presupuesto y el plazo de ejecución no era factible cubrirlo', sostiene el ente territorial.
No se refirió a las terapias y tampoco a los supuestos gastos indebidos
En su respuesta la Gobernación de Córdoba no se refirió al presunto detrimento que también señala la Contraloría, por 174 millones de pesos, a partir del pago de 1.194 millones de pesos a la IPS Funtierra, por concepto de terapias de Neurodesarrollo, supuestamente realizadas en el 2015.
Tampoco se conoció reacción sobre el presunto gasto indebido de 293 millones de pesos con destinación específica para salud y educación y que - según la Contraloría- se gastaron en distintos eventos organizados y/o patrocinados por la Gobernación, así como en mantenimiento del parque automotor y de aires acondicionados en las distintas dependencias.
