La Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) señaló este jueves que la multa de 111,5 millones de dólares impuesta en las últimas horas a 14 empresas azucareras y otros tantos directivos por impedir la importación del producto desde varios países puede afectar la viabilidad del sector por su elevado monto.
La Andi sostuvo en un comunicado que esa cantidad 'puede llegar a sobrepasar el 100 % de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía del Valle del Cauca', una de las regiones de Colombia donde se cultiva más caña de azúcar.
Además, alertó de que la 'magnitud' de la sanción 'puede incluso llegar a afectar la viabilidad del sector' azucarero.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este miércoles que la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), 14 empresas del sector, e igual número de directivos debían abonar la multa por impedir la importación del producto desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
Durante la investigación, que se inició en 2010, la SIC determinó que los sancionados incurrieron 'en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir, de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia', informó este organismo en un comunicado.
El órgano de control dijo que 'los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente'.
La Andi mencionó que, aunque la SIC asegure que las sanciones totales no superan el 7 % de los ingresos operaciones anuales de estas empresas, ni el 7 % de su patrimonio, algunas compañías pueden ver afectado el total de sus utilidades.
Además, indicó que con este escenario 'se abre nuevamente el debate sobre los procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones'.
En este sentido, destacó que 'actualmente es prácticamente imposible apelar este tipo de decisiones, por lo que los sancionados se ven en la obligación de demandar los actos ante el contencioso administrativo'.
