El Gobierno nacional a través del Ministerio de Interior impugnará la decisión de un tribunal de Santa Marta que ordenó la suspensión de actividades en el pozo gasífero Uchuva-2, que según los gremios pone en riesgo la seguridad energética del país.
Y es que justamente el fallo es la respuesta a una demanda de una comunidad indígena conformada en 2022 en el área de influencia de Santa Marta y que demandó las actividades exploratorias de hidrocarburos en el pozo costa afuera, dado que, según la comunidad, no se les tuvo en cuenta por lo que no se hizo una consulta previa y estas actividades les afectan.
Sobre esto, gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.
“Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga”, señalaron Frank Pearl, presidente de la ACP y Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
Ambos gremios argumentaron que el juez local no tuvo en cuenta las certificaciones de 2006, 2019 y 2023 del Ministerio de Interior en las que la entidad eximió a Petrobras de realizar consultas previas pues el pozo no afecta las actividades diarias ni culturales de ninguna población indígena.
El pozo, que está ubicado a 31 kilómetros del litoral de Santa Marta en el Caribe colombiano, tendría suficiente gas natural como para sumar 18 años de reservas al balance del país, es decir, 2,5 veces los casi seis años de reservas que tiene Colombia en la actualidad.
“hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa”.
La presidenta de Naturgas hace un llamado a la comunidad de Taganga para que “considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable”.
A su vez, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) expresó que estas decisiones afectan significativamente el descubrimiento y desarrollo de nuevas reservas para el país a mediano y a largo plazo y prende las alarmas sobre los procesos en el acercamiento que tienen las entidades gubernamentales con las comunidades del país.
“Es urgente que el Ministerio del Interior realice una revisión exhaustiva de los procesos que lleva a cabo antes de iniciar la consulta previa y durante el mismo, garantizando no solo la transparencia, sino también una mayor rigurosidad en la inclusión efectiva de las comunidades involucradas. Este mecanismo debe asegurar que las comunidades tengan una participación real y significativa en las decisiones que impactan sus territorios y sus derechos”, dijo el gremio de geólogos a EL HERALDO.
