La orden de un Juez de Santa Marta de suspender las operaciones de exploración en el pozo de gas costa afuera Uchuva 2 manejado por las compañías Ecopetrol y Petrobras, ha generado un sinfín de rechazos por parte de los gremios energéticos e incluso por el Gobierno nacional. Este último decidió impugnar la decisión de dicho juez a través de los ministerios del Interior y de Minas y Energía.
Lo que dice el documento sobre esta suspensión tiene que ver con la respuesta a una demanda de una comunidad indígena conformada en 2022 en el área de influencia de Santa Marta y que demandó las actividades exploratorias de hidrocarburos en el pozo costa afuera, dado que, según la comunidad, no se les tuvo en cuenta por lo que no se hizo una consulta previa y estas actividades les afectan.
Sin embargo, el Ministerio del Interior enfatizó mediante un documento que el pasado 2 de noviembre de 2023, se expidió́ la Resolución ST1630, que determinó la no procedencia de la consulta previa, ante la ausencia de afectaciones directas sobre la comunidad indígena de Taganga.
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Por tal motivo, las actuaciones señaladas han sido ajustadas a la normatividad, procedimientos y criterios aplicables a la consulta previa vigentes a la expedición de cada acto administrativo. Desde su implementación hasta el 31 de diciembre de 2019, el derecho a la consulta previa en Colombia, se reconoció́ con base en el criterio de presencia de las comunidades étnicas en las áreas a intervenir del respectivo proyecto. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2020, acatando lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional SU 123 de 2018, el criterio para determinar la procedencia de este derecho fundamental, es la afectación directa, no la presencia de la comunidad étnica”, se lee en el documento revelado por el Ministerio del Interior.
Aunque recientemente el Juez de Santa Marta declaró en un auto aclaratorio que la suspensión del proyecto de Ecopetrol denominado Uchuva 2 no se hará de manera inmediata, sino que se realizará gradualmente (en 2 meses), la realidad es que los gremios del sector energético mantienen su profunda preocupación por el destino de dicho proyecto, puesto que afectaría la seguridad energética del país ante este problema jurídico que genera inseguridad.
Panorama complejo
En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, este problema no manda un buen mensaje para los inversionistas que deseen colocar el foco de inversión en Colombia.
“Es muy complicado el mensaje para un inversionista en el país. Cuando yo tengo una empresa que hace las cosas bien, y que realizo justamente las preguntas a la autoridad competente, y ese ente me dice que no hay incidencia de comunidades, y yo continúo invirtiendo miles de millones, estoy a punto de realizar el proceso de perforación, y que un Juez de la República en su potestad detenga dicho proceso, es muy complicado porque está desconociendo 15 años de un proceso, y esto genera una incertidumbre muy grande en los inversionistas del país”, manifestó Alejandro Castañeda.
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En ese sentido, agregó que dentro de esto, hay una gran enseñanza para el Gobierno, y es “no colocar todos los huevos en una misma canasta”.
“Se ha tenido toda la esperanza en este proceso, y ahora viene este problema. ¿Qué se debe hacer? Realizar justamente nuevos contratos de exploración para no depender de un solo pozo exploratorio de gas natural”, puntualizó Castañeda.
A su vez, Ramón Dávila, gerente General de Gases del Caribe, expresó que le preocupa la suspensión, ya que todo el país se encuentra esperanzado en lo que pueda pasar con este pozo.
“Ese es el campo que nos va a dar el suministro para los próximos 20 años aproximadamente para todo el país. Es un campo muy importante y muy grande, pero el detalle está en que hay que hacer consulta previa con 115 comunidades, es lo que tiene que adelantar Petrobras, posterior a eso viene el proceso de licencia ambiental. Es muy preocupante todo esto porque si ya se ha avanzando en un proceso que viene de tiempo atrás, y se suspende, ¿A dónde vamos a llegar? Teníamos proyectado anteriormente en que este gas estaría en 2028 y ahora lo tenemos corrido para el 2029, por lo que es muy crítico, y hago un llamado a todas, absolutamente todas las comunidades y al Gobierno nacional que acompañen a los operadores de este campo como lo son Petrobras y Ecopetrol y sacar esto adelante lo más pronto posible, ya que es la tabla de salvación para el gas del país”, dijo Dávila.
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¿El Gobierno está sentando cabeza?
Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestaron que es una buena señal que el Gobierno nacional hay impugnado la decisión del Juez de suspender las operaciones en el pozo de Uchuva 2.
“Esto demuestra que el Gobierno está muy preocupado por el suministro de gas, demuestra que el Gobierno ya está entendiendo que necesitamos tener suficiente gas natural y suficiente energía para que la sociedad simplemente funcione, para que llegue a los hogares, a las empresas, hoteles y restaurantes. Yo realmente lo veo con gran satisfacción que el Gobierno haya reaccionado de esa forma ante una decisión que puede ir en contra del beneficio muy general de 50 millones de personas”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
