Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuesto de Regalías 2025-2026. La iniciativa alcanza un monto de $30,9 billones, equivalentes a 1,7 % del PIB.
Según el proyecto, el 82,5 % de los ingresos corresponde a ingresos corrientes ($25,5 billones) y el 17,5 % restante a otros ingresos, la gran mayoría proveniente de rendimientos financieros ($5,2 billones). De acuerdo con ambos ministerios, este proyecto permitirá aumentar el gasto social en las regiones.
La iniciativa continúa para el estudio y posterior votación de las Comisiones Económicas.
Los recursos que se incorporan en este presupuesto son esenciales para: fortalecer la descentralización, la autonomía y el desarrollo territorial, impulsar la reactivación económica, apoyar la transformación de la economía en el marco de la transición energética justa y una producción ambientalmente sostenible, contribuir al cierre de brechas regionales y favorecer el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
Es así como dando cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política, esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales:
- $6,4 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
- $8,8 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
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- $2 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $511 mil millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
- $5,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET.
- $2,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
- $255 mil millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $432 mil millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas
- $592 mil millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
- Cormagdalena recibirá $128 mil millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,1 billones. Así mismo, $255 mil millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
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También se destinarán $511 mil millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.
La producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 68 % de los ingresos corrientes del SGR serán generados por el sector hidrocarburos y el 32 % restante por el sector minero.
Este presupuesto da estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que rigen la materia; los cuales están contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único reglamentario del SGR (1821 de 2020).
