El pasado 22 de octubre, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), dio a conocer que Rosmery Quintero Castro, quien se desempeñaba como directora de Acopi Atlántico y quien estuvo en la presidencia nacional, vuelve a tener este cargo para el periodo 2024-2026.
En dicho documento también se reveló de los nuevos miembros para la Junta Directiva de la agremiación, que son: Jairo Pulecio Franco, Rafael Antonio Muñoz Aguilar, Fredy Torres Cerquera, Hugo Alberto Rosero Ocaña, Juan Diego Cifuentes, Fernando Pertuz Galofre y José Roberto Álvarez Rueda.
Sin embargo, cuando se conoció el nombramiento de la junta, el actual presidente de Acopi Nacional, Rodolfo Correa, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que el nombramiento de Rosmery Quintero para la agremiación es inválido y fue emitido por la seccional Atlántico, entre otras, sin el respaldo de la dirección nacional.
“Lo que está sucediendo es que, hace casi tres meses, en julio para ser exactos, algunas seccionales realizaron una reunión con la intención de retomar la dirección del gremio”, detalló Correa a este medio, recordando que él fue elegido como presidente nacional el pasado 26 de febrero en una reunión de junta.
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En ese sentido, agregó que en esta última reunión, dejaron pasar ciertos requisitos de convocatoria que son exigidos por los estatutos para que exista una legitimidad en las decisiones. “Ante esta situación, se presentaron los recursos administrativos ante la Cámara de Comercio, y simultáneamente se presentaron los recursos judiciales. El pasado 22 de octubre, la Superintendencia de Sociedades resolvió los recursos administrativos y se determinó que no es competencia de un órgano administrativo como la Cámara de Comercio de Bogotá tomar decisiones sobre esta problemática, ya que esto es de carácter jurídico y judicial”.
Añadió que, como la junta que ejerce funciones, había presentado una acción judicial, la misma consistía en la admisión de una demanda de nulidad del acta donde fue elegida una junta en el mes de julio y donde dicha junta designó a Rosmery Quintero, y, a renglón seguido, se solicitó la medida cautelar.
“En este momento, con la demanda admitida y en trámite la medida cautelar, se queda sin piso la decisión de elección de Rosmery Quintero hasta tanto el juez no tome las medidas definitivas en el fallo, que entre otras, no se sabe cuánto pueda durar el fallo. En esta etapa, hay una suspensión de la elección”, sostuvo Rodolfo Correa.
Y es que la medida cautelar trata del auto admisorio del Juzgado 51 del Circuito en el que se admitió una demanda interpuesta a dicha asamblea. “Este despacho resuelve admitir la anterior demanda verbal de impugnación de actas de asamblea incoada por la seccional de Antioquia, Bogotá, Cauca, Caldas, y el señor Jorge Oscar Suárez, contra la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi Nacional”.
La respuesta de Rosmery Quintero
Mediante un comunicado, la presidenta electa de Acopi, Rosmery Quintero, sostuvo que estos nombramientos se realizaron en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la organización y conforme a las normativas legales vigente. También señaló que las designaciones han sido debidamente certificadas mediante el documento de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 22 de octubre de 2024.
“La Junta Directiva Nacional, que ahora representa a la mayoría de las seccionales, está compuesta por siete (7) seccionales de las doce (12) que integran Acopi. Esta configuración refleja una clara y legítima mayoría gremial, y su misión es liderar los procesos decisivos para el fortalecimiento del sector MiPyme, representando los intereses de las pequeñas y medianas empresas que son el motor económico del país. Los representantes de estas seccionales han sido elegidos de manera transparente y democrática, y han asumido su responsabilidad de forma íntegra, conforme a los más altos estándares de gobernanza y legitimidad institucional”, dijo Quintero.
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Añade que le resulta preocupante que, pese a la claridad y legitimidad de este proceso, cinco seccionales —Antioquia, Bogotá, Caldas, Cauca y Bolívar—, que conforman una minoría dentro del gremio, han promovido recursos de reposición y apelación en un intento de desacreditar los resultados de esta elección. “Estos recursos fueron interpuestos ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades, las cuales, en uso de sus funciones y con estricto apego a la ley, desestimaron los argumentos de estas seccionales, ratificando la legalidad de los nombramientos y de las decisiones adoptadas por la mayoría”.
“Nos preocupa profundamente el proceder de estas seccionales, quienes han impulsado acciones que no solo carecen de fundamento legal, sino que además parecen buscar desestabilizar a la organización y generar una falsa sensación de incertidumbre jurídica. Este comportamiento es particularmente grave si se considera que dichas seccionales representan importantes regiones del país, y que su responsabilidad principal debería ser la protección de los intereses del gremio MiPyme, así como el apoyo al liderazgo y la cohesión institucional de ACOPI. Las acciones impulsadas por esta minoría parecen responder a intereses contrarios a los principios de transparencia, unidad y bienestar gremial que deben prevalecer en nuestra organización”, dijo la presidenta electa.
De igual forma, lamentó profundamente “la falta de ética demostrada por Rodolfo Correa, quien, desde su nombramiento, no ha convocado ni una sola reunión de la Convención Nacional para rendir informes de su gestión administrativa, financiera o legal, en abierta contradicción con las disposiciones estatutarias de ACOPI”. “Esta omisión resulta alarmante, dado que la gestión de ACOPI requiere, históricamente, al menos cuatro convenciones anuales para dar cuenta de la administración de la organización”.
Añadió: “Rechazamos categóricamente estas maniobras judiciales y subrayamos que el verdadero impacto de estas acciones es un daño directo al gremio MiPyme y a los departamentos que estas seccionales representan. La inestabilidad jurídica y la incertidumbre que buscan generar no solo afectan la buena marcha de ACOPI, sino que también comprometen la labor gremial en favor de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país”.
