Fedesarrollo ha presentado un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo que examina el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. El informe estima que los costos directos asociados a estos fenómenos en 2022 ascendieron al 3,44 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale al 78 % del presupuesto destinado a la educación y más del doble del presupuesto para asistencia social.
Para Colombia, los costos directos del crimen y la violencia fueron del 3,64 % del PIB de 2022, equivalente a $68 billones anuales.
Los tres tipos de costos directos identificados en el estudio y su costo para el caso colombiano son:
Costos en capital humano (0,88 % del PIB): Estos costos incluyen la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios, los delitos no letales y la privación de libertad de los agresores, lo cual reduce la capacidad productiva del país al limitar la contribución económica de las víctimas y las personas privadas de libertad.
Costos para el sector público (1,0 % del PIB): Reflejan los recursos que el Estado asigna a la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Estos recursos, fundamentales para mantener la seguridad y el orden, limitan la disponibilidad de fondos para otras áreas esenciales como la salud y la educación.
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Costos para el sector privado (1,76 % del PIB): Son los recursos que las empresas y negocios deben invertir en medidas de seguridad para protegerse de la criminalidad, incluyendo vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros. Estos recursos podrían destinarse a la expansión y modernización de las empresas
El estudio ubica a Colombia en la posición 8 entre los 22 países analizados de América Latina y el Caribe en términos de los costos totales asociados al crimen y la violencia como porcentaje del PIB, destacando el alto impacto de este fenómeno en la economía nacional.
Además, Colombia ocupa la séptima posición en los costos en capital humano, lo que subraya la urgencia de implementar políticas de seguridad más eficaces.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, comentó: “El crimen no solo representa una pérdida de capital humano, sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”.
El informe también advierte que el crimen y la violencia afectan a sectores productivos como el turismo y el comercio, y contribuye a la migración y disminución de la inversión. Estos costos, entre otros costos indirectos, representan un freno adicional al desarrollo.
“Estos hallazgos confirman la urgencia de una respuesta robusta y sostenida que priorice tanto la prevención como la mejora en la administración de justicia, lo que permitiría reducir los costos del crimen y la violencia, aumentar la confianza de los ciudadanos y el dinamismo de nuestra economía”, dijo Mejía.
