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El Ministerio de Hacienda tiene una misión que debe ejecutar cuanto antes, y es recortar gastos. Sí, ese mismo término es el que tiene que hacer. Pero no un recorte cualquiera, no, es uno que puede ser sin precedentes, y todo para poder cumplir con la llamada regla fiscal.

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El motivo tiene que ver en gran parte con las proyecciones del Gobierno hace un año. Como es de saber, los ingresos del Estado se han comportado de una forma mala, sea por el bajo recaudo tributario o por otras cosas más, y esto tiene como consecuencia llevar a cabo recortes en el gasto con el fin de no tener más adelantes problemas en el flujo de caja, pero sobre todo mantener la confianza en los mercados, ya que Colombia no aguantaría una disminución en su calificación en las diferentes calificadoras de riesgo a nivel mundial.

Y es que de acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se estaría analizando expedir un decreto que tiene como fin recortar un monto de $33 billones en el presupuesto de la Nación para el 2024. Dicha suma resulta de los $20 billones que se habían suspendido en el mes de mayo de este año, y a estos se les agregaría otros $13 billones.

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Este pronunciamiento del ministro de Hacienda tiene en vilo y pone en debate a analistas económicos que resaltaron en diálogo con EL HERALDO que esto es consecuencia de una sobrestimación de recursos, sobre todo en la gestión que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Las causas

De acuerdo con el ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, el recorte es el resultado de ingresos que no se cumplieron, en parte por la decisión de la Corte Constitucional sobre la última reforma tributaria, la sobrestimación de ingresos, el deterioro en materia de crecimiento económico, y también en gran parte por el gasto que ha crecido de manera excesiva mientras que las metas de ingresos no se han cumplido.

“En esas condiciones, ya no tenía opción el Gobierno nacional”, precisó el ex ministro de Hacienda a este medio.

Por su parte, Cesar Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, manifestó que una gran parte de la necesidad de recorte proviene de unos “supuestos” optimistas de recaudo que iba a recibir el Gobierno para el 2024.

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“Uno tiene que ver con el arbitramento de litigios que desde Corficolombiana dijimos muchas veces que no se iba a materializar este año, porque además dependía de una ley”, expresó Cesar Pabón.

Como segunda causa, el experto indicó que había muchas expectativas de recaudo en tiempos de desaceleración en la economía colombiana, y la tercera causa tiene que ver con el optimismo excesivo de lo que se iba a recibir de las medidas de evasión de impuestos por parte de la Dian.

“Esos tres factores son fundamentales, pero a eso hay que añadirle la decisión de la Corte Constitucional que volvió a dejar en firme la deducibilidad de lo pagado por regalías, que había sido eliminado por la reforma tributaria de 2022”.

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Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, expresó que la principal causa tiene que ver con la mala planeación del presupuesto de rentas en el año anterior.

“Casos como el hecho que se hubiese ligado la financiación del presupuesto a los resultados de litigios tributarios de un tribunal de arbitramento que nunca se creó, y que, por lo tanto, originó el recorte del presupuesto. Esta es una de las principales fundamentaciones de ello. La otra situación incluso estuvo en el hecho de suponer un crecimiento más alto en materia económica, y solamente se dio un crecimiento del 0,6 %. De igual manera, en materia de rentas fue letal el hecho de que se declarara inconstitucional la no deducibilidad de regalías que deja con otros $7 billones sin poder recaudar de lo que se había estimado en la renta”, detalló Henry Amorocho.

Recorte es “insuficiente”

Aunque el ministro de Hacienda habló de un recorte por $33 billones, los analistas creen que tiene que ser de mucho más para poder cumplir a cabalidad con la regla fiscal.

“Para lograr el resultado de la regla fiscal es necesario que ese recorte sea entre los $40 y $50 billones. Y esto es importante porque es el único camino para cumplir con la regla fiscal. Es posible que se logre esto con un menor nivel de ejecución, pero el monto de recorte tiene que ser de esa naturaleza”, expresó José Manuel Restrepo.

En ese sentido, agregó que el Gobierno debía realizar ese tipo de recortes mucho antes, ya que se tenía absolutamente claro que no se estaban cumpliendo las metas de recaudo tributario y que el gasto estaba creciendo de manera importante, sobre todo por gastos de funcionamiento, que crecen en un 20 % anual en promedio entre 2023 a 2025.

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El director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Cesar Pabón, dijo que el recorte de $33 billones demuestra el compromiso del Gobierno por cumplir la regla fiscal; sin embargo, cree que es insuficiente.

“Será necesario otros $8 billones posiblemente al final del año, y sí vemos de alguna manera que los $33 billones son insuficientes, se requiere un corte de mínimo $41 billones para cumplir la regla fiscal al cierre de este año, lo cual sería necesario un esfuerzo adicional”, señaló Pabón a EL HERALDO.

Henry Amorocho, dentro de esa línea, manifestó que el Gobierno nacional ya está siendo consciente de que por la vía del recorte de gasto es una buena forma de cumplir la regla fiscal. “Esto es una gran noticia para el país porque se va a cumplir la regla fiscal”.

¿Qué es la regla fiscal?

La regla fiscal es un instrumento de planeación financiera del Gobierno nacional que busca garantizar la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

La regla fiscal tiene cuatro objetivos principales: el primero es establecer metas de balance fiscal en función del nivel de deuda pública, que garanticen su concentración a un nivel prudencial en el mediano plazo.

El segundo es mejorar la sustentación de los parámetros que definen las metas fiscales. El tercero tiene que ver con la creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), como un cuerpo autónomo e independiente que contribuye al análisis de la sostenibilidad fiscal de Colombia. El cuarto apunta a precisar son las condiciones bajo las cuales se puede utilizar la cláusula de escape, y el retorno cumplimiento de las metas de la regla fiscal bajo esta eventualidad.

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La cláusula de escape es una figura que permite desviaciones transitorias de la regla fiscal en escenarios negativos de carácter temporal, como el que se vivió en la pandemia de la covid-19.

Al recuperar la senda previa, una vez superado un evento de este estilo, una de las líneas rojas para Colombia es que el nivel de déficit fiscal no supere el 5,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Qué pasa si no se cumple?

El no cumplir la regla fiscal en Colombia implica un aumento del riesgo país y una mayor incertidumbre en los mercados. Así lo explicó a este medio Cesar Pabón de Corficolombiana.

“Puede haber un incremento en los costos de financiamiento, un aumento en el tipo de cambio, y a nivel general sería un mensaje muy negativo para la institucionalidad colombiana. No cumplirlo sería un mensaje muy fuerte, y hay que estar muy atentos porque Colombia hoy tiene una prima de riesgo mayor que países de la región; pero, sin lugar a dudas, nos llevaría a un nuevo nivel de incertidumbre”, manifestó Cesar Pabón.

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Por su parte, Henry Amorocho precisó que el no cumplir la regla fiscal, Colombia quedaría con una deuda con más alto puesto por día, y se incrementarían las tasas de interés de la deuda.

“Las calificadoras de riesgo a nivel mundial podrían bajarnos de calificación, y eso va impactando el costo de la deuda, no solamente en el corto, sino también en el mediano plazo, y en la medida que haya que apartar más recursos del presupuesto público para pagar intereses de la deuda, va restando al presupuesto”, dijo Henry Amorocho.

Sirve de lección

El realizar un recorte de esta magnitud viene siendo una lección para el Gobierno. José Manuel Restrepo sostuvo: “Que sea esta una lección para que el Gobierno presente un decreto de presupuesto que no esté desfinanciado”.

“Es prudente que, en un momento como este, se corrigiera la modificación del acto legislativo al Sistema General de Participaciones (SGP)”, dijo Restrepo.