El hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria, un proyecto de ley liderado por el Gobierno de Gustavo Petro, que fracasó en su intento de convencer al Congreso de la República, ha dejado diferentes reflexiones en el marco económico, que van desde que era una reforma inconveniente hasta innecesaria, que tuvo, como muchos analistas económicos lo alertaron, un final esperado.
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Hay que recordar que las Comisiones Económicas Conjuntas hundieron el pasado miércoles 11 de diciembre en primer debate el proyecto de ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba recaudar $9,8 billones para equilibrar el Presupuesto de 2025.
Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara aprobaron la ponencia de archivo del proyecto. La Comisión Tercera del Senado votó por el archivo 8 a 6, la Cuarta del Senado 8 a 6, la Tercera de Cámara 17 a 12 y la Cuarta de Cámara 16 a 10.
¿En qué falló el Gobierno?
Diferentes analistas y gremios económicos consultados por EL HERALDO, enumeraron los puntos con los cuales el Gobierno nacional falló con esta ley de financiamiento.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que con esta ley de financiamiento se buscaba darle recursos a un presupuesto general que había sido también rechazado por el mismo Congreso por ser demasiado alto.
“Era un presupuesto que adicionaba recursos hasta llegar a $523 billones después de que vinimos de un gasto de $503 billones presupuestados para el 2024, para los cuales no tuvimos recursos y, por ende, se tuvo que hacer un par de recortes importantes. Hoy en día el Ministerio de Hacienda está hablando de $474 billones”, puntualizó Bruce Mac Master.
Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, explicó que este proyecto de ley nunca tuvo buen ambiente en el Congreso, porque tanto la Comisión Tercera como la Comisión Cuarta del Senado tenían posiciones unívocas en querer y demostrar que este proyecto no era conveniente para el proceso de recuperación económica que vive el país, y que además, no era el momento apropiado para tramitar una reforma tributaria a título de ley de financiamiento.
“El proceso presupuestal se ahoga en su meta de gastos. El Congreso no quiso aprobar la meta de gastos del Gobierno de $523 billones, sugirió que fueran $511 billones y eso fue lo único que se dio. Finalmente el Congreso no expidió el presupuesto, no lo aprobó, eso quedó en un limbo jurídico y hasta finales de noviembre se habilita nuevamente la posibilidad de estudiar el proyecto de ley de financiamiento y cabe decirles que ya es extemporáneo, y en ese punto la responsabilidad la tienen ambos órganos tanto el Congreso como el Ejecutivo”, detalló el experto.
A su vez, Cesar Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, recalcó que el Gobierno falló básicamente en proponer una reforma inconveniente e innecesaria. “Desde el principio hemos advertido eso y era esperable ese resultado”.
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No abordaba cifras fiscales
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que la ley de financiamiento o reforma tributaria no abordaba el problema de fondo de las cifras fiscales. “Hay un gasto público excesivo en relación con la capacidad de generación de ingresos (sin distorsionar aún más la decisiones de ahorro e inversión)”.
Y es que de acuerdo con los cálculos del centro de pensamiento económico, el Gobierno deberá recortar el presupuesto de 2025 en al menos $37 billones, una cifra superior a la estimada para este año ($33 billones). Sin embargo, la ley de financiamiento, en su versión más reciente, solo generaría alrededor de $3 billones en nuevos recursos en 2025.
“Esto incluye impuestos con impactos muy negativos en el aparato productivo, como la medida que pretende triplicar el impuesto al carbono (así ahora sea en tres años). Cerca de $6 billones provendrían de un mayor endeudamiento, producto del adelantamiento en un año del cumplimiento paramétrico de la regla fiscal. Estos recursos implican un mayor gasto, no mayores ingresos”, expresó Mejía.
El director de Fedesarrollo expuso que se mantiene una medida particularmente perjudicial: flexibilizar la regla fiscal, permitiendo que las inversiones verdes queden excluidas del déficit fiscal para efectos de su cumplimiento.
“Esta disposición debilita la credibilidad de la regla fiscal y aumentará los costos de financiamiento del país. La ley de financiamiento era inoportuna, inconveniente y desviaba la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda: la necesidad de realizar un recorte cercano al 7 % en el presupuesto del próximo año”, detalló el director de Fedesarrollo.
Archivo refleja coherencia
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, puntualizó que la economía colombiana ha comenzado a mostrar leves señales de recuperación, que no deben frenarse con una mayor carga tributaria.
“No es sostenible seguir imponiendo más impuestos al sector empresarial y a los colombianos sin avanzar en austeridad y eficiencia del gasto público. El archivo del proyecto de Ley de Financiamiento por parte de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara refleja coherencia y responsabilidad frente a la situación económica actual”, afirmó Lacouture.
Lo que se debe hacer
Los expertos consultados fueron claros en detallar varios aspectos a seguir, teniendo en cuenta el hundimiento de esta ley de financiamiento. El profesor Henry Amorocho manifestó que el Gobierno tiene dos caminos. “A mí me parece que el camino más claro es reconocer que el proyecto de ley de financiamiento, que tenía para financiar su meta de apropiaciones, no se dio y por lo tanto, lo que le queda son $511 billones. El presupuesto de 2025 se podría expedir ya directamente por $511 billones”, puntualizó.
Otro camino, afirmó, es el de presentar nuevamente la reforma tributaria, pero con el detalle que será en un año complejo, puesto que va a ser un año de campañas políticas y, por ende, no es fácil tramitar proyectos de esta característica en el Congreso de la República.
El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, sostuvo que lo que tiene que hacer el Gobierno nacional es reconocer donde está el problema del exceso de gasto.
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“El camino idóneo es justamente controlar el exceso de gasto, de burocracia y de derroche antes que entrar a disminuir beneficios sociales como subsidios, por ejemplo en materia de energía, entre otros temas. Ese es el camino responsable, porque lo que está absolutamente claro es que los gastos de nómina están creciendo de forma desbordada, y los gastos de contratación, de honorarios, de OPS, en los últimos dos años están creciendo más de un 150 %. Hay muchísimo derroche, y hay muchísimo espacio para controlar el exceso de gasto del presupuesto nacional”, explicó José Manuel Restrepo.
Por su parte, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, precisó que lo que sucederá es que el Gobierno nacional “tendrá que reducir y pasar por decreto el Presupuesto de 2025 debido, primero, a que no fue aprobado por el Congreso y, segundo, a que no cuenta con las fuentes de financiamiento”.
Plan de austeridad
Cesar Pabón fue claro en decir que hay margen para implementar un plan de austeridad que reduzca el gasto de funcionamiento en al menos $12 billones, aunque lo ideal sería alcanzar un recorte de $40 billones.
“Consideramos que este ajuste puede lograrse sin afectar la inversión. De hecho, en el proyecto de ley presentado inicialmente al Congreso, el presupuesto de funcionamiento de cerca de 20 entidades del Gobierno nacional mostraba incrementos superiores al 20 %. Es en estas áreas donde el Gobierno tiene un espacio significativo de maniobra”, dijo Cesar Pabón.
