La tasa de usura en Colombia, aunque tiene como objetivo proteger a los consumidores de tasas de interés excesivas, ha generado efectos colaterales que empujan a las personas de menores recursos hacia métodos de financiación informal o ilegal. Esta situación ha expuesto a los hogares colombianos y negocios pequeños a una alta vulnerabilidad financiera debido a las altas tasas de interés no reguladas y prácticas abusivas que caracterizan a los mecanismos de financiación informal como el “gota a gota”.
La tasa de usura se define como 1.5 veces la tasa de interés bancario corriente (TIBC), calculada mensualmente por la Superintendencia Financiera. Esta definición de la tasa máxima de interés está definida en el régimen civil, comercial y penal.
Desde 1993 el supervisor financiero tiene la facultad de certificar tanto la TIBC como la tasa de usura. A pesar de que busca proteger a los consumidores, la tasa de usura, como cualquier control de precios, puede generar un racionamiento del crédito que su vez, afecta a los sectores más vulnerables
Recientemente, se han realizado ajustes metodológicos que buscan reflejar mejor las condiciones del mercado, pero que han afectado la disponibilidad del crédito. En marzo de 2023, se eliminaron modalidades como el microcrédito y se introdujeron nuevas categorías que abarcan un espectro más amplio del crédito.
Además, desde julio de 2023, el cálculo para créditos de consumo y ordinarios se realiza mediante un promedio ponderado basado en los montos desembolsados, lo que puede reducir la TIBC y, por ende, la tasa de usura.
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Estos cambios han llevado a una reducción acelerada de la tasa de usura, afectando a la población de manera distinta dependiendo de su nivel de ingresos. Las condiciones actuales para acceder a crédito formal pueden ser prohibitivas para aquellos con perfiles de riesgo alto o menos ingresos, lo que limita su acceso y los empuja hacia alternativas informales como el “gota a gota”. Este método ofrece acceso inmediato al crédito pero conlleva tasas exorbitantes y riesgos significativos.
El “gota a gota” opera al margen de la ley y deja a los consumidores sin protecciones legales, exponiéndolos a prácticas abusivas. De acuerdo con el más reciente estudio de Colombia Fintech y ANIF, en el país un 12 % de los hogares debe recurrir a este tipo de mecanismos informales. Este dato es aún más preocupante al considerar que solo el 35% de personas en Colombia pueden acceder a crédito formal.
Adicionalmente, este estudio encontró que el acceso al crédito en Colombia es inequitativo y desigual. Para las personas, a medida que disminuye su nivel de ingresos, aumenta su dependencia en fuentes de financiación informales como el “gota a gota” y familiares y amigos. Con las empresas el panorama es similar: a medida que disminuye el tamaño de la empresa, aumenta la participación de mecanismos informales.
“La prioridad debe ser luchar contra la informalidad y la exclusión financiera. En un sistema financiero con más competencia y más eficiente, existen alternativas a la tasa de usura para crear mecanismos de protección al consumidor, pero que vayan de la mano con la profundización del acceso al crédito, particularmente en los sectores más vulnerables”, aseguró Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
