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El Gobierno nacional expidió el decreto en el que detalla los impuestos tributarios que impondrán a juegos de azar, timbre e hidrocarburos por venta y exportaciones para recaudar parte de los recursos destinados para la conmoción interior en Catatumbo.

El decreto 0175 que entra en vigencia a partir de este viernes, detalla que los juegos de azar que operan exclusivamente por internet tendrán un gravamen de 19 %, mientras que el de hidrocarburos por venta o exportaciones y el de timbre van a recaudar cada uno un 1 %.

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En cuanto al control de las apuestas en línea, el decreto autoriza a Coljuegos y al Ministerio de las TIC a bloquear sitios web y canales de juego no autorizados, garantizando que solo las plataformas reguladas operen en el país.

“El hecho generador del impuesto sobre las ventas -IVA para los juegos de suerte yazar operados exclusivamente por internet será el depósito en dinero, entendido como el pago en efectivo o las transferencias del dinero o criptoactivos realizado por cada usuario apostador al operador de juegos de suerte y de azar operados exclusivamente por internet, para ser abonados en su cuenta de usuario y obtener el derecho a apostar, a partir de la aplicación de este decreto”, se lee.

Sobre el impuesto a la extracción de hidrocarburos y carbón al momento de venta o exportación, el decreto señala que este será “temporal”.

Además, el impuesto se causará sobre los siguientes productos, específicamente: “Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”. A todos estos bienes se les aplicará una tarifa de 1 %.

Finalmente se aplicará el impuesto al timbre sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país. La tarifa que se cobrará de este gravamen también será de 1 %.

El recaudo de estos nuevos tributos será destinado exclusivamente a atender las necesidades derivadas de la crisis en Catatumbo y evitar la expansión de la violencia en la región.

La vigencia de estas medidas se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.