El Ministerio de Agricultura firmó una resolución que le da autoridad para vigilar, controlar e incluso cerrar a los gremios del sector agrícola.
Estas nuevas reglas de juego abarcan todo desde pequeñas asociaciones de productores, hasta asociaciones de campesinos que reclaman tierras, o las decenas de gremios de productores del sector.
Esto implicará que el Ministerio de Agricultura pueda solicitar pedir documentos, información financiera, estatutos y hacer visitas de inspección.
La vigilancia incluso puede implicar el poder de “desplegar acciones de advertencia, prevención y orientación” y las medidas de sanción incluyen “ordenar la adopción de medidas preventivas o correctivas”.
Estos gremios del sector agricultor son por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña o la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, manifestó que esta resolución es gravísima, hay que la opinión de los gremios va en contravía del Artículo 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho de libre asociación y sin intervención del Estado.
“Son todos los artículos de la resolución completamente críticos, porque simplemente el Gobierno busca es tener injerencia y control de actividades que son de naturaleza privada, y dentro de esos puntos, simplemente destacar que pretende el Gobierno tener la autoridad para interpretar los estatutos, remover los representantes legales y muchas otras”, dijo Bedoya a este medio.
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En ese sentido, dijo que el Gobierno debe garantizar la libre asociación, ya que con esta resolución, es todo lo contrario lo que el Gobierno de Colombia pretende hacer.
Por último, sostuvo que el gremio “accederá a todas las herramientas legales que brinda la Constitución”.
La senadora Paloma Valencia trinó que esto “es una amenaza permanente a la independencia y autonomía de las agremiaciones”.
“¿Una retaliación, por ejemplo, a la Federación de Cafeteros donde el candidato de Petro perdió? El Gobierno pretende silenciar a los gremios. Quien se oponga a la agenda del Gobierno podrá ser removido y multado hasta quebrarlo. ¿Es esta la forma de iniciar la campaña para la consulta popular?”, dijo Valencia.
