Con la decisión de prorrogar el plazo para que los inmigrantes venezolanos normalicen su situación en el país, se confirma que la política migratoria especial, dirigida a los ciudadanos que huyen del régimen de Maduro y de la crítica situación económica y social del vecino país, es sensata y se sostiene en premisas humanitarias.
La medida, que fue dada a conocer el pasado martes por el director general de Migración Colombia, Christian Krüger, consiste en ampliar hasta el próximo 21 de diciembre el plazo para que los venezolanos inscritos en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) realicen el trámite del Permiso Especial de Permanencia (PEP).
A pesar de las bondades de este trámite: es gratuito, hace legal la permanencia de los venezolanos en Colombia por dos años, facilita el acceso a trabajo, estudio y seguridad social, tan solo 272 mil personas provenientes del hermano país, de las cerca de 1 millón que han entrado a nuestro territorio hasta el pasado agosto –según cifras de Migración Colombia– han expedido el PEP.
Lo anterior no solo justifica la ampliación del plazo, sino que hace urgente reforzar los canales de comunicación que informen a los migrantes acerca de la necesidad de regularizar su situación.
Y en nuestra región las cifras tampoco son las mejores. Tan solo en Atlántico, el censo RAMV registra 47 mil venezolanos de los cuales cerca de 23 mil se han inscrito en el PEP, eso sin contar con que hay una cantidad indeterminada de migrantes aún no censados, y con que diariamente cientos de venezolanos continúan llegando al departamento con el ánimo de establecerse indefinidamente.
Aunque la problemática de los venezolanos que siguen llegando a Colombia, y a la Costa en particular, no parece tener una resolución a la vista, al menos mientras las condiciones políticas que mantienen en el poder a Maduro no cambien, esta y otras medidas que ha tomado el gobierno contribuyen a mitigar la tragedia de estas personas que buscan en nuestro país refugio y una oportunidad de seguir adelante.
Es por eso que no sobran las acciones institucionales complementarias que se tomen en el futuro para enfrentar la problemática migratoria, siempre y cuando cuenten con el apoyo de la comunidad internacional y sean producto de estrategias coordinadas con los demás países de la región.
A este esfuerzo del gobierno se le debe sumar una actitud generosa de los demás sectores de la sociedad, los cuales tienen el deber ético de acoger a los ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis. Porque la tolerancia, la solidaridad y la empatía son tal vez las mejores herramientas con las que cuentan quienes nos necesitan tanto en estos momentos de aflicción e incertidumbre.
