2020 fue un año difícil para Triple A, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 14 municipios del Atlántico que afrontó, como tantas otras entidades públicas y privadas del departamento, el embate de la crisis económica por la pandemia de coronavirus que redujo en un 15% su recaudo. Sin embargo, siguió prestando servicios a sus más de 2 millones 500 mil usuarios, incluso en los momentos más duros del confinamiento, y mantuvo saneadas sus finanzas alcanzando ingresos por más de $618 mil millones, equivalentes a un 10% más que en 2019, con utilidades superiores a los $90 mil millones, 30% más que el ejercicio del año anterior.

Este desempeño, según la compañía, permitió la entrega de regalías al Distrito por $36 mil millones; el pago de contribuciones por $26 mil millones que corresponden a un 25% más frente a 2019 y reducción de los costos de la empresa en un 15%, respecto al año anterior. Esta es hoy la fotografía de la empresa que ejecutó en 2020 un plan de inversiones de $160 mil millones en cumplimiento de su estrategia para garantizar calidad, cobertura y continuidad de los servicios prestados a sus clientes.

Tras haber obtenido estos indicadores de gestión, su gerente durante los dos últimos años, el ingeniero Guillermo Peña Bernal, deja el cargo desde hoy, luego de semanas de insistentes rumores sobre su salida por decisión de la Junta Directiva de la empresa que continúa en manos del Gobierno nacional. A pocas horas de finalizar 2020, en un ‘políticamente correcto’ comunicado de prensa el mismo órgano directivo anunció la fulminante determinación sin dar mayores detalles sobre los motivos que propiciaron la salida del funcionario, que agradeció la confianza depositada en él hasta ahora.

Ese es el punto: ¿cuál fue el detonante que llevó a la Junta Directiva a solicitarle a Peña su renuncia? Si son tan generosos para reconocer los “avances en muchos frentes” y “los valiosos cimientos y logros alcanzados” por el gerente durante su paso por la empresa, sería realmente importante y oportuno que la ciudadanía conozca en qué momento se les convirtió en un personaje incómodo para apartarlo ahora del proceso de expansión de servicios y de la fase de modernización tecnológica que él venía liderando. Nadie tiene el cargo asegurado, pero causa extrañeza la insistencia en propiciar su salida.

¿Qué tienen que decir en este caso la Superintendencia de Servicios Públicos o la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que ejerce la toma de posesión y administración de Triple A?

Peña se vio involucrado en julio del año pasado en un lamentable episodio con el entonces contralor distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo, quien renunció a su cargo tras ser denunciado penalmente por el delito de concusión. De acuerdo con Peña, el jefe del ente de control lo “presionó” para que contratara una firma de abogados, Lawyer Corporation, y recibiera asesoría en los procesos que él adelantaba en contra de Triple A y de él mismo: el investigador ofreciendo defensa al investigado. Ni de los procesos de la Contraloría en curso ni de la denuncia contra Acevedo se conocen hoy desarrollos. ¿Se le está pasando una factura de cobro? ¿A quién le beneficia su salida ahora que la empresa recuperó la confianza en el sector financiero tras el escándalo de corrupción descubierto en 2016 que casi la acaba?

Como víctima reconocida en el desfalco por $237.000 millones para beneficiar a terceros mediante contratos –que nunca se ejecutaron– pagados a Inassa, la firma española afiliada al Canal de Isabel II –su principal accionista–, Triple A aspira a ser indemnizada en el proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General en contra de la sociedad española. Es lo justo.

Como lo reclamaba, hace algunos días, el Comité Intergremial del Atlántico, Triple A debe seguir siendo gestionada con criterios de absoluta transparencia y honestidad, con un manejo corporativo orientado por buenas prácticas empresariales e información objetiva, verificable y comparable, evitando que los ciclos políticos o partidistas, así como otras variables que privilegien intereses particulares distorsionen el objetivo fundamental de prestar servicios públicos de calidad. Barranquilla y los municipios del Atlántico no se pueden dar el lujo de ver amenazada, nuevamente, la solidez de una empresa que soporta la prestación de servicios públicos esenciales considerados un derecho para la vida digna de sus habitantes.