Reacciones muy positivas, pero, como en toda decisión política, otras negativas generó la designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro, que toma las riendas del país el próximo 7 de agosto.

Tras conocer su designación, el próximo titular de la cartera educativa se apresuró a definir lo que serán sus líneas de trabajo en un sector con tantas demandas y necesidades, pero no con la oferta deseada, especialmente en lo que respecta a la educación superior, y que fue una de las grandes motivaciones del estallido social en 2021 promovido por los jóvenes colombianos.

Dignificación, autonomía e inclusión fueron las primeras palabras que expresó marcarán su labor al frente del Ministerio de Educación. Y de ahí en adelante en diferentes declaraciones desde el pasado 7 de julio que se conoció su designación ha sido enfático en que la educación requiere un mayor presupuesto y reformas legales para ponerla en el centro de la discusión.

Y es que efectivamente es la educación el motor de transformación de cualquier sociedad y la base para generar desarrollo, acceder a mejores ingresos y oportunidades laborales. Por ello es fundamental que el país avance en reducir las brechas de cobertura y calidad que hay entre las diferentes regiones del país, pues no tienen las mismas posibilidades de acceso los niños y jóvenes de los grandes centros urbanos que los que viven en las zonas rurales.

A esto se suma que la corrupción, gran mal de esta nación, no ha dejado escapar a la educación, en donde los programas de alimentación escolar, por solo citar un ejemplo, también se han convertido en la presa de los contratistas del Estado que no cumplen con lo estipulado y terminan quedándose con los recursos para garantizar la alimentación de los estudiantes.

Otra pata de la mesa sobre la que se tiene que trazar la compleja gestión que requiere la educación colombiana es el acceso a la educación superior. Los programas de becas facilitaron que muchos jóvenes que ni siquiera soñaban con ser profesionales lo lograran, pero la tasa de cobertura en el país solo llegó al 53,94 % en 2021, según el reporte al Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Esto quiere decir que aún un 47 % de los jóvenes con edad para formarse en una universidad no tiene acceso a esa posibilidad.

Es en este punto donde el nuevo gobierno ha anunciado su principal foco de atención y donde anticipa busca fortalecer la universidad pública.

Una tarea loable, pero nada fácil, que demandará cuantiosos recursos con los que hoy no cuenta el sector educativo, y que como lo ha expresado el nuevo ministro necesitará reformas legales para inclinar la balanza hacia la educación, es la mejor inversión para salir adelante como país.