En el octavo encuentro fue la vencida. Centrales obreras y empresarios, a instancias del Ministerio de Trabajo, se pusieron de acuerdo en el aumento del salario mínimo para 2023, en un 16 %. Lo hicieron, lo cual resulta aún más significativo, dentro de los plazos establecidos, enviando a todo el país una valiosa señal de entendimiento en torno al diálogo social, en un momento de enorme dificultad económica por la elevada inflación, las alzas en las tasas de interés, los menores niveles de consumo e inversión y un marcado deterioro del contexto externo. En un ejercicio de equilibrio de alta precisión, unos y otros –defendiendo sus posturas legítimas- consiguieron, por un lado, consensuar medidas para proteger el valor adquisitivo de la remuneración sin acrecentar la galopante carestía y asegurando condiciones de vida viables para los hogares de los asalariados. Y por otro, se pudo conjurar el riesgo de daño al empleo o de alzas desmedidas en los costos laborales si la subida hubiera sido del orden del 20 % o más.

Queda esperar ahora que el Ministerio de Hacienda materialice la desvinculación del alza del mínimo, vía decreto o por ley, de una serie de actividades, bienes y servicios asociados a los sectores de transporte, agricultura, salud, servicios públicos, vivienda, educación y comercio, entre muchos otros, como se había anticipado. Es prioritario que se resuelva lo antes posible para evitar que el año nuevo arranque con la tradicional e insufrible cascada de incrementos que irremediablemente impactan la canasta familiar, las facturas domésticas o una gran cantidad de baremos económicos y prestaciones sociales. Para mañana es tarde, ministro José Antonio Ocampo. Nada más cierto que estamos en sus manos, tras el “histórico acuerdo” de la mesa tripartita, como lo calificó su colega, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien superó con lujo de competencias esta prueba de fuego en la que coincidió con muchos de sus conocidos.

En plata blanca, la cosa quedó así: el salario subirá de 1 millón de pesos a 1.160.000, tras el aumento del 16 %. Cifra a la que se le debe añadir el subsidio o auxilio de transporte, fijado en 140.000 pesos, luego de un incremento en este caso del 20 %. En consecuencia, más de 3,4 millones de trabajadores de las 22 millones de personas que laboran actualmente en el país devengarán 1.300.000 pesos, a partir de enero de 2023. Sin fórmulas mágicas para solventar las numerosas complejidades del sistema laboral colombiano, esta alza que para unos es positiva, para otros representa una complicación adicional en su propósito de encontrar trabajo o de dar el salto a la formalidad. Aún sin tener claro cuál será el efecto real de la reforma tributaria, muchos pequeños empresarios se plantean desde ya la continuidad de sus actividades por la dificultad de sostener cargas, una de ellas la prestacional. De suerte que el próximo año, demasiados escenarios desafiantes demandarán la continuidad de espacios de diálogo social y concertación para tratar de “fortalecer el empleo, garantizar los derechos de los trabajadores y procurar la continuidad de las empresas en el tiempo”, como señala el propio Ministerio de Trabajo.

Bajo las actuales circunstancias, todos ellos se encuentran en riesgo si no se exploran nuevas fórmulas para protegerlos, en especial a los empleados más vulnerables como trabajadores domésticos y jóvenes, muchos de los cuales laboran con contratos indignos, de hambre, casi en formas de esclavitud y explotación. Pero no nos equivoquemos, sin empresas fuertes, no habrá cómo crear empleo decente. Lo que viene va a ser duro. Adelantarse a sus consecuencias sería lo más conveniente. Que el renovado espíritu entre Gobierno, sindicatos y empresarios para construir en la diferencia inspire la búsqueda de caminos posibles por el bien del país.