Que Rusia asuma la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU a un año de haber emprendido la guerra contra Ucrania y tras la orden de arresto contra su presidente, Vladimir Putin, por crímenes de guerra, parece un chiste de mal gusto. Sin embargo, pese a lo paradójico y contradictorio que pueda sonar, es una realidad que deberá calarse el mundo por un mes y por muchos años más, como es lo pactado por los mismos miembros del organismo.
El ente funciona así desde vieja data. A su creación en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, las cinco potencias que se erigieron en la victoria contra la Alemania nazi: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y la extinta Unión Soviética, acordaron un camino para “mantener la paz con herramientas diplomáticas y militares”, abrogándose el estatus de permanencia en el organismo y, con el paso de los años, permitiendo que otros diez países ingresaran de manera rotativa. He ahí el meollo del asunto.
No solo estas cinco potencias han sido las que ponen las condiciones de funcionamiento del Consejo de Seguridad, sino que además son las únicas que tienen poder de veto, por lo que cualquier decisión que se quiera tomar debe tener el apoyo de los cinco países fundadores. Además, si en ciertos momentos de la historia, como lo fue el caso de la Guerra Fría (1947), la invasión de Irak (2003), y ahora mismo la guerra en Ucrania (2022), se presentan discrepancias entre las cinco naciones, poco o nada pueden hacer los demás miembros para que se logre una solución.
En esa misma senda, la presidencia la asume mes a mes cada uno de los países y, cabe recordar que en febrero de 2022, cuando estalló la toma de Ucrania quien tenía la batuta era precisamente Rusia. No en vano el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, instó a los miembros a no permitir que el país abuse de la presidencia que asumió el pasado 1 de abril y calificó el hecho de “una bofetada a la comunidad internacional”.
Sin embargo, pareciera que en los planes rusos ni siquiera está el abordar la guerra en Ucrania durante su toma de mando en la ONU, según adelantó el representante ruso ante el máximo órgano de Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, pues en el listado de temas presentados se encuentran el multilateralismo y la Carta de Naciones Unidas, la violación de los acuerdos que regulan la exportación de armas convencionales y Oriente Medio y, en particular, el conflicto palestino-israelí. Mientras algunos aseguran que el “ignorar” a Ucrania es una estrategia para desviar la atención de lo que sucede en su frontera, otros alertan que en cualquier momento el país podría usar su influencia para seguir atrayendo a otros hacia su discurso en pro del desarrollo nuclear y las alianzas con fines comunes como herramientas de defensa ante Occidente.
Además, al margen de esta situación en la ONU, esta semana el Kremlin presentó un importante giro en los objetivos en política exterior del Gobierno, que fueron actualizados en un decreto cuya última vigencia data del año 2016. En el documento resalta su señalamiento a Estados Unidos y Occidente como “amenazas existenciales” debido al “fomento de una política exterior antirrusa”. Se agrega la declaratoria de hasta 20 países como “inamistosos” luego de que muchos decidieran aplicarle sanciones por cuenta de sus acciones en Ucrania.
Así mismo, el país se puso como “misión histórica” la eliminación de los vestigios del dominio de EE. UU. y otros Estados “hostiles” en los asuntos mundiales.
¿Qué significa esto? ¿Cómo ejecutará dicha acción? ¿Es una nueva amenaza? ¿Cómo asumirá la ONU este nuevo giro? Que no pase desapercibida esta declaratoria, que lejos está de ser un “documento equilibrado”, como el mismo Putin lo ha descrito. En cambio, que sirva para que los demás países del organismo replanteen los alcances de los miembros fundadores y cómo la incapacidad de veto de los demás abre la puerta a que países como Rusia se valgan de dicho “poder” para justificar su violación al derecho internacional.
