La decisión del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz despeja su futuro. O al menos, eso es lo que se esperaría ocurra en el corto plazo tras la resolución de la controversia convocada en febrero de 2021 por el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, su actual operador, contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por las afectaciones que la pandemia y las decisiones del Ejecutivo para evitar su propagación provocaron en la modernización de la infraestructura, ubicada en Soledad.

No se puede negar que el fallo de los árbitros, uno de los tres salvó su voto, acerca el final de una situación insostenible que no vislumbraba una salida fácil ni rápida por la dificultad de encontrar puntos comunes entre partes determinadas a defender sus posiciones. Durante los últimos años, en distintos escenarios y a instancias de representantes de los gobiernos Duque y Petro, se analizaron numerosas propuestas para retomar las largamente suspendidas obras, algunas de ellas basadas en la reestructuración del contrato de concesión por monto total de $610 mil millones estructurado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), para hacerlo financieramente viable, pero no fue posible superar las marcadas diferencias.

Parece lógico que en una controversia tan prolongada, nadie querría perder o ser derrotado, pero es inevitable que suceda. En su coherencia, el sentido del laudo no deja dudas frente a que el Grupo Aeroportuario del Caribe resulta favorecido en el mismo. El fallo reconoce que la pandemia configuró una circunstancia constitutiva de fuerza mayor que le imposibilitó atender sus obligaciones en la ejecución y culminación del proyecto adjudicado en 2015 por 20 años. Golpeado por un fortísimo desbalance financiero, efecto de la crisis pandémica, la terminación anticipada del contrato como solicitaba, lo cual finalmente acontece, fue lo más acertado para no dilatar más tiempo la definición de una solución viable que alejara el riesgo de que el Cortissoz se convirtiera en un elefante blanco.

Lo ideal es que el GAC y la ANI, luego de la orden del tribunal arbitral de liquidar el contrato, generen un balance contable para cerrar su vínculo de los últimos 8 años, asegurando el pago de la liquidación, sin que se contemplen sanciones adicionales, como también se dispuso. Dicho de otra forma, la cordura que implica esta decisión debería dar pie a la construcción de términos consensuados de cierre en un lapso prudencial, que en ningún caso tendrían por qué afectar la operación ni el servicio del aeropuerto, de acuerdo con el compromiso anunciado por el concesionario. Queda aún por conocer la postura de la ANI o del Ministerio de Transporte, pero nos asiste la confianza de que el Gobierno señale los caminos más expeditos para, por un lado, concluir las obras pendientes de las fases previstas y, por otro, garantizar su óptima operación.

Siempre se podrá ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero luego de años de dimes y diretes, de frustraciones e inmovilismo, todo parece indicar que el episodio de incertidumbre que ha mantenido en vilo a la ciudad ha llegado a su final. No es descabellado señalar responsabilidades políticas como un ejercicio razonable de cara a la ciudadanía que ha sorteado las incomodidades de una terminal aérea a medias. También es necesario incorporar las lecciones de una coyuntura tan fortuita como lesiva para el potencial de Barranquilla y el resto del Atlántico. No basta con calcular los riesgos contractuales de un proyecto de semejante envergadura, algo que se da por descontado. De cara a las posibilidades aún aventuradas que se abren sobre una nueva concesión pública o privada que opere el Cortissoz, es imperativo que la sólida alianza público-privada del departamento trabaje con más pertinencia constructiva para evitar que se repitan errores del pasado. Si se quiere mejorar la conectividad nacional e internacional, aumentar el número de pasajeros y fortalecer la oferta de turismo de ocio, entretenimiento y negocios, debemos movilizarnos en defensa de nuestros intereses, empezando por el derecho de contar con un aeropuerto que ofrezca una experiencia memorable.