El escenario no pudo ser más dantesco. Dos mujeres muertas, una de ellas de 15 años, baleadas por sicarios en la entrada del Cementerio Jardines de la Eternidad del Sur, a donde acudían a un sepelio. Nuevo caso de ajuste de cuentas de la criminalidad, dice la Policía. Sus primeras pesquisas así lo indican. Pero detrás de este repudiable hecho se descubren indicios de violencias machistas que suelen enlazar a víctimas y victimarios en espirales de amenazas o maltratos, en las que no es posible sustraer el género de quienes terminaron siendo los objetivos fatales.
Dos crímenes que se suman a los 19 homicidios de mujeres registrados en el primer semestre del año en Atlántico. Tres de ellos fueron de niñas que, según el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Fundación Teknos, fallecieron por las mal llamadas balas perdidas en ataques que no estaban dirigidos en su contra. Barranquilla y Soledad, con 8 casos cada uno, aparecen a la cabeza del deshonroso ranquin, que también incluye a Puerto, Malambo y Palmar de Varela, con un asesinato cada uno. Dos feminicidios se cometieron en Ponedera y Galapa en este lapso, mientras que entre enero y mayo, Medicina Legal conoció 623 casos de violencia intrafamiliar -381 en el contexto de pareja- y practicó 177 exámenes por presuntos delitos sexuales, casi uno diario.
Reportes que motivaron una alerta especial de la Procuraduría General por violencia machista e intrafamiliar en el Atlántico. Hace bien el Ministerio Público en ocuparse de una situación que pasó de castaño oscuro. Como una penosa forma de violencia institucional podría catalogarse lo que ocurre en el departamento con comisarios de familia, a los que el cargo les queda grande, o con funcionarios del Bienestar Familiar y de la misma Policía quienes, pese a ser requeridos por las víctimas o por otras entidades del sistema para que asuman su urgente protección, miran hacia otro lado, se tiran la pelota, o se ‘desaparecen’ los fines de semana, como si una mujer en riesgo de ser violentada, ella o sus hijos menores, pudiera esperar a ser atendida el lunes o cuando estos burócratas tengan a bien recibirla, siempre que sea en horario de oficina.
La muerte no llama dos veces. Tendrían que saberlo los funcionarios públicos que con sus indolentes actuaciones revictimizan a mujeres y menores a tal punto de empujarlos a retornar al entorno infernal, en el que están siendo abusados y donde les espera su agresor para volver a someterlos. Demasiados hechos relacionados con agresiones de mujeres o sus hijos que se cronifican en el tiempo se asocian a las dependencias de las víctimas con sus victimarios, que las amenazan para asegurar su silencio. Pero también con la incapacidad del Estado para responder a su solicitud de asistencia prioritaria. Si supieran el valor que se requiere para dar ese paso.
El mismo denominador común de abandono institucional por falta de medios o de voluntades detectado en Atlántico se repite en el resto del país, donde la Procuraduría General documentó 213 feminicidios y casi 20 mil casos de violencia intrafamiliar en los primeros cinco meses. Grave. Cuando un eslabón o pieza del sistema falla, las víctimas se debilitan y los agresores se refuerzan, con lo que asesinar a una mujer se vuelve paisaje. Urge entender que las medidas contra los crímenes de género deben enfocarse sobre todo a la prevención para impedir que las agresiones continúen. No basta con adoptarlas tras cada nuevo ataque. Subestimar o desconocer, como hasta ahora, esta emergencia nacional no minimizará su descomunal impacto ni la resolverá.
Encaramos un asunto de Estado que exige la movilización de los poderes públicos y sus recursos para modificar normas sociales dañinas, actitudes patriarcales y estereotipos de género que han perpetuado prejuicios y sesgos e impedido lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Es un tiempo de enorme responsabilidad que requiere altura de miras, vicepresidenta Francia Márquez, primera ministra de Igualdad de nuestra historia. El esfuerzo feminista que lo ha dado todo está a la espera de acciones determinantes que no decepcionen ni traicionen la confianza de quienes las necesitan con premura. Precisamos de condenas firmes y unánimes. Por desgracia, nos siguen agrediendo y como ocurrió en Barranquilla, matando.
