Con más dudas que certezas arranca la operación del nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia. Más allá de sus fortalezas, defendidas -como no podría ser otra manera- por el Gobierno y Fecode, el sindicato de los maestros, que trabajaron de la mano durante los últimos seis meses en su estructuración, lo primero que advierten los educadores es que no han recibido información suficiente, mucho menos idónea, acerca de cómo funcionará el proceso de transición o su puesta en marcha. Por consiguiente, dicen sentirse a la deriva en un asunto crucial asociado a la prestación de servicios fundamentales de salud para cerca de un millón de personas.

No se trata de poner en duda o descalificar la bondad de los cambios que se implementarán de manera “progresiva”, como anunció la ministra de Educación, Aurora Vergara, ni tampoco se pretende cuestionar si eran o no necesarios, porque ciertamente las deficiencias del sistema de salud para los docentes, sus familias y los pensionados del magisterio han sido evidentes desde hace años. El justificado reclamo de un sector de los maestros demanda saber si estarán cubiertas sus necesidades de atención, en cuanto a consultas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos o entrega de medicinas con una red de operadores que les preste servicios de calidad y a tiempo.

Lo que algunas veces sucede es que apelando a las intenciones más nobles se terminan obteniendo los resultados contrarios a los esperados. Vale la pena que se entienda así para actuar de forma oportuna, coherente y responsable, evitando caer en la improvisación del correcorre, que se revela como un signo recurrente e inequívoco del actual Gobierno. Anticiparse a eventuales riesgos es esencial porque estamos ante una población relevante, no solo en cantidad, sino en significancia, de cuyo bienestar depende el de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se forman en las instituciones oficiales de todo el territorio nacional.

Atendiendo a las legítimas preocupaciones de los docentes, algunos de ellos integrantes de la misma Fecode, con actitud crítica, como corresponde a su función, Procuraduría y Contraloría encienden alertas. Coinciden en que el nuevo modelo de salud a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, bajo la gerencia de la Fiduprevisora, despierta serios interrogantes que requieren ajustes para no dejar en el limbo a sus miles de beneficiarios.

Citan, por ejemplo, inconsistencias operativas, falta de claridad en la contratación de la red nacional de prestadores –tanto en la cantidad de personal requerido, en el presupuesto destinado, como en la supervisión de la base de datos y de autorizaciones de servicios-, además de retrasos en el acondicionamiento administrativo y tecnológico del nuevo sistema y un aumento en sus costos de más de un billón de pesos por año que califican de “inconvenientes”.

Aunque entre lo más desconcertante es el rol asumido por la Fiduprevisora, sociedad de economía mixta que por naturaleza jurídica es una entidad financiera, responsable hasta ahora de administrar los recursos de salud, pensión y cesantías de los educadores, que antes contrataba a los operadores encargados de subcontratar servicios, pero que de ahora en adelante lo hará directamente. En este sentido, quién la vigilará o ejercerá control sobre esta función: ¿la Superintendencia de Salud? O ¿A dónde deberán acudir los usuarios del sistema para elevar sus reclamaciones o quejas si encuentran barreras en el acceso a los servicios? Eso aún no está claro.

Precisamente, eliminar la intermediación, como confirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el corazón del nuevo modelo que tendrá también énfasis preventivo, predictivo y resolutivo. Casi que será un piloto del sistema de salud que este Gobierno le heredará al país, convirtiéndolo en tremenda prueba de fuego, en este caso para el FOMAG que acelera al máximo para ampliar la red, aumentar cobertura y hacerla más flexible e integral. Su promesa de cambio, de transparencia, luce atropellada, a las carreras, y con contrataciones criticadas.

Como anuncios no podrían ser mejores, pero aún deben transformarse en realidades, sobre todo porque la lista de incógnitas por resolver es extensa. El aviso de los entes de control, también de los mismos maestros, debería ser tenido en cuenta. Al final, todos quisiéramos ser evaluados por las buenas intenciones, pero los resultados son los que hablan y la pregunta en el fondo es si la Fiduprevisora, en representación del Gobierno, también de Fecode, está lista para echar a andar el nuevo modelo, asegurando la adecuada prestación de servicios para docentes y beneficiarios.