Hace siete meses en Barranquilla, el presidente Petro anunció medidas para bajar las impagables tarifas de energía en el Caribe. Entre ellas, el compromiso de la nación para asumir como deuda pública los saldos de la opción tarifaria por la que respondían los usuarios. Le creímos. Nunca sucedió. Es más, en el caso de Air-e la pagamos hasta hace poco. Luego de su intervención fue excluida del valor de la factura e, insólitamente, se difirió el faltante de 3 meses a 10 años, recurso que facilitó la reducción del monto total del recibo.

Esta semana, Petro volvió a la ciudad, como cada marzo lo hacía Melquíades al Macondo, de Cien Años de Soledad. Habló ahora de un ‘Plan Marshall’, en el que invertirá – a través de Air-e intervenida-, $150 mil millones para instalar paneles solares en los techos de los hogares. No dijo cómo, cuándo, ni dónde, y a la espera de saber más, suponemos que será la materialización definitiva del proyecto de comunidades energéticas urbanas que él mismo lanzó en octubre de 2023, en una anterior visita, cuando ya ofrecía salidas a la crisis.

Espacios públicos de los barrios Las Malvinas, Las Nieves, Montes, La Playa y Los Trupillos fueron escogidos para el piloto de la iniciativa que según el ministro de Minas “liberaría a las familias del yugo de la tarifa”. Sin embargo, más de un año después el avance de la estrategia estatal de autogeneración en el Atlántico es aún incipiente y solo en una tienda en Soledad se instalaron paneles solares, mientras se evalúan postulaciones en municipios.

Entre el esperanzador discurso de mayo hasta el enardecido alegato de diciembre, este último desencadenado por la durísima derrota política y económica que le propinaron a su reforma tributaria 2.0 en el Congreso, solo encontramos mucho tilín, tilín, y nada de paletas.

Dos cumbres energéticas con actores del sector, 30 de julio y 10 de agosto, produjeron sendas actas colmadas de compromisos del Ministerio de Minas y la Creg, a traducirse en resoluciones de la entidad. Es el deber ser de las cosas. Por eso, a punto de despedir el 2024, las seguimos esperando, como si fueran un regalo prometido, para obtener sus beneficios.

Aunque, a decir verdad, ya no está claro si finalmente llegarán. El tono tosco empleado por el jefe Estado para arremeter contra los comisionados de la Creg, a quienes acusó de hacerlo caer en una trampa, no vaticina luz al final de nuestro túnel. Mala cosa. Alterado, Petro disparó anuncios en clave de furiosas amenazas, en vez de soluciones viables para bajar las tarifas. Ordenó a su ministro de Minas expedir un decreto con vigencia inmediata para limitar al 5 % la comercialización de energía en bolsa, fijada hoy en un 20 %, desconociendo una reciente resolución de la comisión en ese mismo sentido que entraría en vigor en 2028.

Primeros análisis de su propuesta para transar el 95 % de los contratos de energía a largo plazo la condenan a la inviabilidad legal y técnica, porque el presidente parece olvidar que la Creg es la única facultada para adoptar las regulaciones del sector. Dicho de otra forma, pese a su emocionalidad desbordada o por más que intente revertir el sentimiento de impotencia o frustración que le produce no haber sido capaz de bajar las tarifas, como lo reconoció en Barranquilla, no se puede brincar a la Creg ni a sus normas. Esta es una entidad que hace parte de la arquitectura institucional de la nación. Sí, las cosas tienen un camino que no puede ni debe torcerse porque se corre el riesgo de que no conduzca a ningún lado.

Dice ahora el Gobierno que tras la caída de la ley de financiamiento, a la que le amarraron como caramelo envenenado buena parte, sino todas las deudas del Estado, pues ya no habrá plata para asumir la opción tarifaria ni para pagar los subsidios de energía y gas a los estratos 1, 2 y 3. ¿En serio iban a destinar $6,4 billones de una tributaria de $9,8 billones para ese fin? Suena a patadas de ahogado. Lo cierto es que si el Ejecutivo no hace la tarea y se pone al día con sus obligaciones, la crisis del sector se agudizaría por la suspensión de servicios y alzas en el valor de las facturas que golpearían más duramente a la región Caribe.

Y así vamos, agotados, cabreados y cada vez más preocupados por el deterioro del servicio, debido a la falta de modernización y expansión de la infraestructura eléctrica, a los altos niveles de carga y sobrecarga que afectan subestaciones de transmisión regional, a la escasez de la energía en firme por el retraso en la entrada de los nuevos proyectos. Asuntos sobre los que el Gobierno habla poco, y menos se ocupa de resolver, pero con efectos reales como racionamientos programados que al final nos hacen la vida de cuadritos. ¿Frustración, presidente? En el Caribe sí que sabemos qué es la impotencia que genera la incompetencia.