De “vampiros asesinos, sangre fresca, criminales u orangutanes de la codicia” habla el presidente Petro cuando describe con metáforas cargadas de rencor y desprecio la dramática crisis de acceso a medicamentos. Pero no ofrece *al menos* una solución efectiva e inmediata que frene la desgarradora romería de ancianos con dolencias crónicas, de madres angustiadas y, en general, de usuarios indignados por recurrentes dilaciones, quienes a diario madrugan para hacer fila en las afueras de farmacias, con la esperanza de obtener al menos una de las medicinas que necesitan para aliviar sus afecciones del cuerpo y el alma.

Equivoca el jefe de Estado la estrategia para hacerle frente a una situación lamentable que se ha ensañado con los más vulnerables de los vulnerables. Todos los que claman por una salida acuciante a su sufrimiento, a causa de que no han recibido desde hace semanas, incluso meses, la oportuna dispensación de sus medicamentos, son personas en condición de pobreza, sin recursos ni otras opciones, absolutamente indefensas en razón de su deteriorada condición de salud, edad avanzada o discapacidad. ¡Es inhumano lo que ocurre!

Está claro que sus quejumbrosos lamentos por tener que regresar a casa con las manos vacías no se escuchan en los ostentosos salones de la Casa de Nariño, donde el mandatario reunido con su gabinete de salud retroalimenta inquietantes narrativas de desinformación, inexactitudes, chantajes e intimidaciones que disparan los riesgos de un sistema en el borde del colapso. El pasado martes, en un nuevo consejo de ministros televisado, el país no vio a un presidente resolviendo, sino a uno recargando municiones en su guerra declarada contra EPS, gestores farmacéuticos y otros agentes del sector, los enemigos a derribar, o en su defecto a debilitar, como si ese fuera el camino más expedito para remediar la actual crisis.

Basta de tanta inquina. La salud no puede ser el campo de batalla donde el Gobierno para demostrar la validez de su modelo –con o sin reforma legislativa- se enfrenta con actores del sistema, también con congresistas, con deliberada intención para desacreditarlos, quitárselos de en medio o culparlos de problemas que a él le corresponde gestionar. Batalla sectaria en la que los muertos no los pone ninguna de las facciones en cuestión, sino el pueblo. Sin servicios porque fueron cerrados, sin tratamientos porque están suspendidos y sin medicamentos por los faltantes en los pagos a gestores, los pacientes están falleciendo.

Cuanto más denuncia Petro a entidades promotoras de salud, a proveedores y gestores farmacéuticos, acusándolos de forma generalizada e irresponsable de que se roban el dinero, acaparan medicinas en sus bodegas de almacenamiento o intrigan en su contra para profundizar la crisis, más se confirma que la intervención de su gobierno a nueve EPS, con 31 millones de usuarios, una de ellas la Nueva EPS –esto en el último año– no ha sido eficaz.

Algo falla. El Ejecutivo que controla el 60 % del sistema no puede desconocer ni trasferir su responsabilidad en lo que ahora sucede, cuando el malestar social aumenta por una serie de casos mal tramitados o nunca resueltos. De hecho, en el 2024, dice la Defensoría del Pueblo que las quejas por deficiencias en la atención de especialistas, acceso a servicios esenciales, entrega de medicamentos e incumplimiento de tutelas crecieron en un 75,7 %.

Es indudable que Colombia requiere una reforma que garantice la prestación de servicios. También lo es que el presupuesto de la salud se incrementó en este gobierno en la medida en que lo han hecho las necesidades de los usuarios después de pandemia, pero negar –en contra de la evidencia y lo señalado por la Corte Constitucional- que los recursos del sector son insuficientes no es consecuente con el estado de emergencia que se ha ido incubando.

Aparte del ruido que generan en redes sociales o del ambiente hostil que cimentan en el mundo real, la descalificación ni el insulto solucionan problemas. Si acaso los agudizan para dividir, resignando toda lucidez y entendimiento. Ahora que el mandatario se ha instalado en la retórica populista de campaña a favor de la consulta popular, será difícil abrir el necesario debate sobre el futuro de un sector en riesgo. Si no le aprueban su reforma, amaga con una liquidación masiva de EPS con consecuencias impredecibles que se podrían devolver como un bumerang en su contra y, sobre todo, arrasar con un sistema en mora de ser mejorado, de eso no cabe ninguna duda. Pero si desaparece de un momento a otro millones de colombianos quedarían colgados, en el aire. Presidente Petro, escuche su llanto.