Las delitos por los que se investiga al yerno del rey, Iñaki Urdangarin, podrían ser sancionados con entre diez y diecinueve años de cárcel, según informaron fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción podría solicitar una pena de prisión para Urdangarin dentro de esa horquilla por los delitos por los que es investigado: malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.
Un juez de Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida durante varios años por Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, segunda hija de Juan Carlos de Borbón.
La infanta está imputada por un supuesto delito fiscal, derivado de la hipótesis de que una sociedad que tiene a medias con su marido podría haber manejado a su vez fondos procedentes de Nóos.
Cristina de Borbón acudió el sábado a Palma de Mallorca para declarar como imputada ante el juez y ahora la instrucción del caso está en su recta final a falta tan solo de algunas decisiones que debe adoptar el magistrado, José Castro, sobre nuevas declaraciones de testigos.
Una vez resuelva esa cuestión, el juez previsiblemente dictará un auto en el que discriminará quiénes continuarán imputados y quiénes no.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dictará el escrito de acusación en el que concretará acusados, delitos y penas que solicitará para cada uno de ellos.
En el caso de la infanta Cristina, para quien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague en torno a unos 810.000 dólares en concepto de responsabilidad civil, esta petición no llegaría a formularse en el escrito de acusación si su defensa consignara una cantidad previamente.
La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó ella, del 50 % percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
Para el otro principal imputado en el caso Nóos junto a Urdangarin, su exsocio Diego Torres, se le acusaría por los mismos delitos que al duque de Palma salvo el fraude fiscal, por lo que la pena oscilaría entre seis y catorce años.
En relación con la declaración de la infanta del pasado sábado la Policía investiga cómo ha llegado a la prensa una grabación de Cristina de Borbón después de que el juez prohibiera entrar a los abogados con cámaras y teléfonos móviles.
