El ex presidente francés Nicolás Sarkozy dijo estar 'profundamente sorprendido' por su imputación por 'corrupción activa', tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional que le hizo la Fiscalía, y aseguró que 'nunca' ha cometido un acto contrario al Estado de Derecho.
En un extracto de la entrevista concedida a la cadena TF1 y a la emisora Europe 1, el que fuera jefe del Estado entre 2007 y 2012 aseguró que 'el sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme'.
En opinión de Sarkozy, que el martes declaró ante la policía judicial y en calidad de detenido durante 15 horas, se le colocó bajo detención preventiva con la intención de humillarle, y se está dando una imagen de él que no se ajusta a la verdad.
'Digo a quienes nos escuchan o nos ven que jamás he traicionado su confianza, que jamás he cometido un acto contrario a los principios republicanos o al Estado de Derecho', aseguró el exmandatario.
La Fiscalía considera que Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de las siete investigaciones judiciales en contra del expresidente.
El político conservador, primer ex jefe del Estado francés obligado a prestar testimonio como detenido, subrayó que no pide 'ningún privilegio' y que si ha cometido los hechos que se le achacan 'asumirá todas las consecuencias', porque no es un hombre 'que escape de mis responsabilidades'.
No obstante, consideró que 'la situación es lo suficientemente grave' como para que se pronuncie y diga ante la ciudadanía que en Francia, 'el país de los derechos humanos, el del Estado de Derecho', se está dando actualmente 'una instrumentalización política de una parte de la Justicia'.
Sarkozy preguntó, además, si es 'normal haber sido escuchado durante tanto tiempo', y que el contenido de esas escuchas telefónicas haya sido difundido por la prensa.
A través de esas escuchas telefónicas, los investigadores dedujeron que Sarkozy y su letrado recibían de parte de un alto magistrado filtraciones sobre las instrucciones en curso contra el político.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.
En el mismo caso también han sido imputados el abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo. Estos le informaban, supuestamente, de los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo, en 2007.
El expresidente fracés ya había sido, temporalmente, imputado por el 'caso Bettencourt', que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como también se sospecha de Gadafi.
Reacción
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, aseguró que 'nadie está por encima de la ley' en relación a la imputación por corrupción del expresidente Nicolás Sarkozy, pero pidió que se respete su presunción de inocencia. El Jefe del Gobierno francés recordó que la presunción de inocencia 'vale para todo el mundo: el expresidente de la República, su abogado o el juez imputado'. 'La justicia es independiente y debe reaccionar con independencia y serenidad', agregó Manuel Valls, quien rechazó cualquier intervención del Gobierno en la suerte de Sarkozy, como sugiere la familia política del expresidente.
