El Gobierno considera importantes las manifestaciones contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que movilizaron a cientos de miles de personas el domingo en todo Brasil, pese a que fueron menores que las anteriores y a que incluyen pautas antidemocráticas, dijo este lunes una fuente oficial.
Así lo manifestó el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, en una rueda de prensa que concedió tras la reunión en que Rousseff analizó el impacto de las marchas con varios de sus ministros y con los líderes de los partidos oficialistas.
'Es evidente que hubo una reducción. No lo digo yo lo dice la prensa. Pero para nosotros no dejan de ser importantes', aseguró el portavoz presidencial, quien admitió que las manifestaciones fueron el principal asunto abordado en la reunión de dos horas que la mandataria tuvo con sus coordinadores políticos.
Las protestas del domingo, con cerca de 900.000 participantes en 205 ciudades según la prensa, fueron convocadas por grupos opositores ajenos a la política formal pero la movilización no repitió las de otras dos realizadas este año, que llegaron a congregar a hasta 2,5 millones de personas en 250 ciudades.
'Consideramos que las manifestaciones fueron importantes, sin importar el número, el Gobierno las reconoce y las considera como una expresión normal en una democracia', agregó el ministro.
Según Silva, la jefa de Estado quiere intensificar el diálogo que inició con los partidos políticos, el Congreso, los empresarios y los movimientos sociales para atender también las reivindicaciones de quienes se manifestaron contra el Gobierno.
'Reconocemos la importancia de la movilización. Reconocemos que (sus reivindicaciones) tienen que ser consideradas. Lo importante es que el Gobierno está trabajando para superar las condiciones que crearon ese ambiente de movilización', afirmó.
Silva afirmó que la respuesta del Gobierno será intensificar el diálogo y mantener la agenda con la que ya trabaja para superar las dificultades económicas que enfrenta el país.
De acuerdo con el ministro, la mandataria, cuya popularidad cayó al mínimo histórico de 8 %, considera que las propias dificultades que enfrenta el país son las que estimulan las manifestaciones.
Además de una crisis política y del malestar generado por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras que ha salpicado a decenas de grandes empresas y políticos, Brasil enfrenta una grave crisis económica.
Según las últimas proyecciones de los analistas, la economía brasileña sufrirá una contracción de cerca del 2,0 % en 2015 y del 0,15 % en 2016, lo que configura una recesión, que ya es sentida por la población, que enfrenta la mayor inflación del país en los últimos doce años y una tasa creciente de desempleo.
'La aprobación de las medidas importantes que propusimos y el diálogo con el Congreso, los empresarios y la sociedad nos darán condiciones para la retomada del crecimiento', comentó.
Silva dijo que el Gobierno respeta las manifestaciones pese a que, en su opinión personal, algunas de las reivindicaciones tienen carácter antidemocrático.
'No estoy de acuerdo con que los manifestantes pidan el fin de la democracia y defiendan un golpe (militar). Si un país se dice democrático tiene que fortalecer las instituciones y respetar las instituciones', aseveró.
Algunos grupos minoritarios en las manifestaciones pidieron una intervención militar o defendieron la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y que Rousseff sea sometida a un juicio político con fines de destitución.
